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Editorial jueves, 16 de mayo de 2019

El TC debe eliminar el arrastre

El país ha quedado enzarzado en una disputa legal sobre la aberración antidemocrática que significa el “voto de arrastre” en algunas jurisdicciones y en otras no, a raíz de una resolución de la Junta Central Electoral de cara a las elecciones de 2020.

Varios partidos han acudido a distintas altas cortes para impugnar esa resolución, pero el problema puede resolverse sin más demoras ni traumas si el Tribunal Constitucional (TC) elimina de un plumazo el párrafo IV del artículo 104 de la Ley de Régimen Electoral.

 Es ese párrafo el que ha abierto el camino a esta aberración antidemocrática de disponer que a los candidatos a senadores del Distrito Nacional y cinco provincias se les sumen los votos obtenidos por su partido en la provincia, lo que no rige para los que aspiran a esas posiciones en las restantes 26 provincias del país.

 Bastaría que el TC declare no conforme con la Constitución y carente de razonabilidad ese párrafo IV, porque contradice el artículo 92 de la misma Ley de Régimen Electoral que establece cuatro niveles de elección, sin arrastre, para salvar así el supremo derecho del ciudadano a elegir y ser elegido.

En razón de que rigen plazos fatales para que los partidos políticos convoquen sus elecciones primarias, escojan e inscriban formalmente a sus candidatos y desarrollen sus campañas electorales, el TC no puede demorar la solución constitucional que le estamos proponiendo a la hora de abordar los recursos de impugnación que, por distintas vías, habrán de llegarle.

 No puede haber un sistema de fórmulas duales en los venideros comicios en los que más de 7 millones de electores queden segregados en modalidades diferentes de sufragio.

 Por tanto, el mecanismo del arrastre no puede ser validado en función de una interpretación hecha a la Ley Electoral, de por sí defectuosa, porque fue el producto de los tira y hala de los partidos políticos en el Congreso, siempre buscando ventajas para sus propios intereses, aunque al hacerlo se salten aspectos constitucionales fundamentales para el sostenimiento de la democracia.