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Editorial jueves, 11 de abril de 2019

Inadmisible abuso de poder

La separación de los poderes públicos es, en nuestro sistema jurídico-político, la base fundamental y cardinal del régimen democrático.

 Significa que cada uno de los tres poderes clásicos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, deben actuar con independencia y autonomía financiera, con funciones específicas indelegables.

 En consecuencia, es inadmisible e inconstitucional cualquier intento de yuxtaposición de uno de esos poderes sobre otro, porque rompería la balanza de los contrapesos y desnaturalizaría la democracia, dejándola vulnerable de ser estuprada  y parir lo que nadie quisiera.

 Las informaciones que dan cuenta de presiones descarnadas e imprudentes contra el presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Román Jáquez, para que se abstuviera de emitir un fallo que anuló la última convención nacional del Partido Revolucionario Dominicano,constituyen un gravísimo y burdo atropello a la doctrina de la separación de los poderes.

 Que tales coacciones hayan sido acompañadas de veladas insinuaciones sobre retaliaciones políticas o en el ámbito judicial, torna más preocupante y ominosa esta interferencia lesiva al orden institucional del país.

 Ningún ministro o funcionario de los poderes Ejecutivo y Legislativo, per se, puede obstruir o pretender influir en las decisiones de los magistrados de cualquiera de las altas cortes del país, al margen de los controles y equilibrios que la propia Constitución ha creado para una armónica convivencia de los tres poderes del Estado.

 Sea cual sea el carácter o el impacto de las decisiones que, en legítimo derecho, adopten los jueces de cualquier alta corte, nadie tiene derecho a intimidarlos o coaccionarlos.

Para eso existen instancias de apelación. Ese es el Estado de Derecho y nadie puede atentar contra él porque equivaldría  a una estocada de muerte a la democracia.