La encrucijada de las gomas lisas

Prohibir las gomas lisas o en mal estado es una de las medidas preventivas más necesarias que se han adoptado para rodear de mayor seguridad la circulación de vehículos de motor en el país.

Ha sido ese uno de los factores determinantes en la alta tasa de accidentes de tránsito y en su escandaloso nivel de mortalidad y de pérdidas materiales que dejan como secuela.

El plazo dado por las autoridades para que los vehículos de todo tipo sustituyan las gomas lisas o en mal estado vence en la última semana de este mes.

Los que no acaten el mandato de la norma regulatoria se exponen a que, al ser supervisados por las autoridades del tránsito, reciban una multa equivalente a un salario mínimo y, si incurre en mora durante 30 días, con los correspondientes intereses.

Si bien esta es una disposición imprescindible, que debe merecer no solo el apoyo sino el cumplimiento de todos los usuarios de vehículos, existen dudas acerca de la capacidad de las autoridades para aplicar el estricto control que la norma demanda.

Fuera de esto, hay en el fondo un detalle que podría agravar el problema: el de los costos de las gomas nuevas o en buen estado, que no siempre están al alcance de los propietarios de los vehículos.

Porque no se trata de una goma, sino de cuatro o más, dependiendo el tipo de vehículos. Si todas están dañadas, el costo de sustitución resultará oneroso para muchos.

¿Ha pensado el gobierno en otorgar alguna facilidad, como la exoneración total o parcial de las gomas importadas, por un período especial hasta lograr que todos se acojan a la nueva normativa? También hay que tomar en cuenta el protocolo que usarán las autoridades para evaluar, in situ, el estado de las gomas, y dictaminar si están o no aptas para seguir siendo usadas.

Ese proceso de evaluación y dictamen, al que podría seguir eventualmente el de la multa, que también resultaría gravosa para choferes pobres, debe ser bien transparente y justo, para evitar que esta norma devenga en letra muerta.