Ese crimen no puede quedar impune

Desde que apareció su cadáver, el 12 de octubre de 2017, atado a un block y encadenado en las aguas de un arroyo, al abogado Yuniol Ramírez trataron de “matarlo” otra vez.

Para explicar el crimen, pocas horas después del macabro hallazgo, las autoridades abiertamente le imputaron ser un “extorsionador”, que pretendía chantajear al entonces director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para ocultar un monumental caso de fraude.

Más de un año después de ese asesinato, uno de los más sonados del país, ni la magnitud de los supuestos actos de corrupción ni la presentación formal de las acusaciones contra los implicados, han permitido arrojar más luces para que la justicia actúe conforme a la gravedad de los casos.

En un hecho insólito, es el juez titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Amaury Martínez Abreu, quien ha tenido que intimar y emplazar a la Fiscalía del Distrito Nacional para que presente las acusaciones, pues de lo contrario, declarará extinguida la acción penal.

Esto sería aún más escandaloso. Que la justicia no pueda sancionar el asesinato porque hay demoras del ministerio público para formalizar las acusaciones, sería una grosera burla a la sociedad dominicana.

Ese asesinato no puede y no debe quedar impune por causa de la inacción procedimental... o por algún interés, si existiese, en proteger a los autores y cómplices, lo que no sería raro en esta sociedad.