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Editorial jueves, 17 de enero de 2019

¿Patrullas civiles armadas?

Productores de Moca y Licey al Medio dieron a conocer el martes su intención de formar una especie de milicia privada provista de armas para proteger sus empresas y a su personal de los frecuentes asaltos cometidos por delincuentes.

Si personas dedicadas a la producción y a la crianza se deciden a procurarse su propia protección ante la delincuencia, debe ser porque se han cansado de ser presa fácil de los ladrones a causa de la ineficacia de la autoridad para detenerlos y castigarlos.

La temeridad de la delincuencia armada y la cuota de sangre que están pagando numerosas familias dominicanas dedicadas al trabajo y a los estudios, gente que vive en forma pacífica, es tan sorprendente como innegable.

Ante la complejidad del fenómeno delictivo, que en República Dominicana ya no es particular, sino que interactúa desde el simple raterismo hasta el sicariato, pasando por el narco y el microtráfico de drogas, improvisar milicias particulares se aparta de la Constitución y de las leyes, y no constituye una solución.

¿Qué lograrían los criadores de pollos y cerdos de Moca y Licey si sus milicias controlan a los asaltantes en su territorio y estos se trasladan a La Vega y a Salcedo?

El resultado será que en los nuevos territorios se sentirían animados a formar grupos de choque con el mismo propósito y ese ejemplo hundiría al país en una peligrosa anarquía que ya conocemos sus funestas consecuencias en el pasado.

La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y todas las manifestaciones de desorden social se combaten abrazando con una mano la Constitución, y con la otra el sable de la autoridad y la aplicación de todo el peso de la ley en los tribunales de justicia.

Lo que es indiscutible, ante situaciones como estas, es que la Policía Nacional, los fiscales y los jueces tienen que hablar con acciones, expedientes y sentencias firmes para que todo el que desafíe el orden social de paz y respeto, pague con castigo por su atrevimiento.

Si el Estado actúa con eficacia, si los policías, fiscales y jueces cumplen con sus atribuciones y no se confabulan con el crimen, todos los ciudadanos estarán a su lado para volver a hacer de este un país donde se pueda vivir y trabajar con seguridad.