No hay justicia para castigar tantos delitos
Cerca de 140,000 denuncias formales sobre distintos delitos, la mayoría de ellos referentes a violencia de género e intrafamiliar, han llegado a las fiscalías del país en los primeros siete meses de este año, lo que subraya el alto grado de inseguridad ciudadana que prevalece en nuestra sociedad.
Con tan semejante sobrecarga de expedientes, parece obvio que nuestro sistema de persecución del crimen, que compete a la Policía, el ministerio público y los tribunales, no está en capacidad de responder punitivamente a estos desafíos a la ley.
Abrumadas por tantas querellas sobre las que deben de actuar para apresar a los infractores o para prevenir consecuencias mayores en los denunciantes, las fiscalías del país no pueden, razonablemente, dar las respuestas puntuales y efectivas a esa acumulación de expedientes, por más urgentes que sean.
Solamente por violencia de género, es decir, agresión de cualquier tipo sobre la mujer, se formalizaron 11,142 denuncias, mientras que por violencia intrafamiliar, que es aquella donde los patrones de fuerza bruta se manifiestan contra uno o más miembros de una familia, suben a 34,687.
Todo esto evidencia un cuadro de peligrosidad e inseguridad que, al no recibir respuestas eficientes y oportunas de la justicia, acentúan el estado de ansiedad, conflictos latentes, incertidumbres e impunidad en que viven hoy muchas familias dominicanas.
No hay tantos agentes para seguir el rastro de cada querella persiguiendo o apresando a los acusados, ni tampoco para documentar los expedientes de forma que, al llegar a los tribunales, los jueces puedan dictar sentencias según la gravedad de las infracciones.
Los registros de medidas de coerción que se imponen en los tribunales dan una idea de la magnitud del trabajo que afrontan hoy el ministerio público y los tribunales, llenando las cárceles de manera preventiva, de millares de imputados.
Esta saturación de las cárceles, a su vez, da lugar a otro problema: el de la imposibilidad de acelerar juicios a los que tienen medidas de coerción para definir si se quedan o no en prisión y el tiempo de encierro que les correspondería.
Una madeja complicada de circunstancias que, en verdad, explica por qué la justicia dominicana se ha quedado corta o rezagada en el castigo de los crímenes y delitos que hoy trastornan el modelo de vida en nuestro país.