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Editorial viernes, 07 de septiembre de 2018

Detectores de armas, bombas y cuchillos

Ya muchas instituciones del país utilizan los arcos detectores de metales en sus principales puertas de acceso para prevenir el ingreso de personas armadas.

 Pero un proyecto de ley, aprobado en la Cámara de Diputados y en espera de sanción en el Senado, hace obligatorio el uso de estas máquinas en aquellos lugares “donde acuden muchas personas”.

 Creemos que la intención es loable, como parte de las medidas que deben adoptarse para la seguridad de los ciudadanos, pero su obligatoriedad es un requisito que debería ponderarse mejor para que no resulte en una imposición odiosa y también onerosa.

 Si bien el proyecto consagra exención de impuestos por dos años a los que importen estos equipos y propone su instalación de forma gradual, lo cierto es que el ámbito de aplicación de esta ley es demasiado general y sujeto a interpretaciones.

 No queda claro qué significa, para el legislador, lo de  “mucha gente”, pero en líneas generales abarca instituciones públicas y privadas como universidades, bancos, escuelas, centros comerciales, estadios deportivos, hospitales, cárceles, centros de diversión, recintos judiciales, puertos y aeropuertos, estaciones de metro, teleférico y autobuses.

 Sin embargo, hay muchos espacios abiertos en el país donde eventualmente puede congregarse “mucha gente”, como avenidas que sirven para marchas ciudadanas, plazoletas, parques, áreas verdes y balnearios, en las que instalar obligatoriamente los detectores de metales, como armas, bombas, cuchillos y sustancias peligrosas, podría resultar imposible o impráctico.

 Que conste que nos parece muy bien el propósito de crear todas las condiciones para la seguridad ciudadana, sobre todo en una época en que cualquier desequilibrado, fanáticos de partidos o equipos deportivos, terroristas y otros tipos peligrosos, son capaces de cometer locuras.

 Respaldamos que se promueva su libre instalación, facilitando su adquisición libre de impuestos,  pero que la obligatoriedad quede limitada a unas determinadas edificaciones que se consideren puntos vulnerables en los que actuarían delincuentes o criminales, no a la generalidad de los espacios donde se aglomeran “muchas personas”, pura y simplemente.