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Las mujeres, en peligro de muerte

Más de 17,000 mujeres han denunciado formalmente ante la justicia, en lo que va de año, los peligros que corren sus vidas ante las amenazas y conductas agresivas de sus cónyuges o exparejas.

Y producto de esas amenazas, el ministerio público ha expedido 4,153 órdenes de alejamiento a hombres que han sido denunciados como potenciales agresores, pero nadie garantiza que estos acaten ese mandato ni que las autoridades cuenten con eficaces sistemas para mantenerlos a raya y, por ende, proteger la vida de las amenazadas.

Esta es una horrorosa realidad, sobre todo si tomamos en cuenta que en estos meses han sido asesinadas 40 mujeres, la mayoría por hombres sobre los cuales pesaban las órdenes de alejamiento.

Como ya hemos dicho en otros editoriales, estas resultan órdenes inútiles, porque no logran el objetivo coercitivo ni preventivo, lo que plantea la urgente necesidad de apelar a mecanismos de control electrónico, mientras tanto, para tener un control de 24 horas continuas de los movimientos de aquellos hombres denunciados como potenciales agresores o feminicidas.

No podemos perder más tiempo viendo caer a nuestras mujeres, unas baleadas, acuchilladas, quemadas o ahorcadas, por culpa de un ineficiente sistema de control, que por el momento parecería constituir el más viable recurso para minimizar los feminicidios, a sabiendas de que la violencia machista tiene muchas causales.

El otro punto débil es el de la protección real de las mujeres amenazadas.

Si el Estado no ha sido capaz de evitar que cada año maten a más de 200 mujeres, ¿de qué manera podrá proteger y asegurar la integridad de las 17,677 mujeres que han ido a las fiscalías o cuarteles policiales a denunciar que sus vidas corren peligro o que han sido ya maltratadas, física y verbalmente?

Este es nuestro gran dilema.

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