Ultimátum a los “omisos”

“Ahora o nunca. Este es el momento de hacer valer la ley.”, así dijimos el viernes, en nuestro editorial, al deplorar que más de 4,500 funcionarios del Estado estuviesen haciéndose los desentendidos al no cumplir estrictamente la obligatoriedad de presentar su declaración jurada de patrimonio, en franca violación de la ley.

Sin pérdida de tiempo, el presidente Danilo Medina ha decidido poner el orden frente a esta negligencia y lo ha hecho con un ejemplar ultimátum: el funcionario del Gobierno que no haya presentado su declaración de bienes al 30 de este mes ante la Cámara de Cuentas se considerará automáticamente renunciado.

Ya el Listín había anticipado que la Tesorería Nacional se proponía apretar las tuercas para que esta ley se cumpliese contemplando la no entrega de los cheques del mes a los llamados “omisos”, pero la decisión del presidente Medina es todavía más enérgica y concluyente.

Como debe de ser, pues la ley entra por casa.

Si el Presidente y su consejo ampliado de gobierno se pusieron de acuerdo, hace pocos días, en hacer de la transparencia de gestión un ejercicio sistemático e inviolable, no cabían estas omisiones.

Porque la declaración de bienes es justamente una pieza clave en el andamiaje de la transparencia. Es también un marco referencial que permite activar las alertas en contra del enriquecimiento sospechoso, aunque no es una panacea de la corrupción administrativa.

Más allá de todos los altos objetivos de manejo escrupuloso y claro de los recursos del Estado, está de por medio la obligatoriedad de la ley que, en el fondo, entraña dureza de consecuencias, incluyendo la destitución de aquellos incumplidores impenitentes.

Como desde el Estado nadie se ha preocupado por aplicar con rigor estos mandatos, la costumbre es la que se ha hecho ley. De ese modo, a muchos funcionarios les ha dado un pito honrar esta obligación porque a nadie se ha sancionado ejemplarmente, como manda el reglamento.

Pero parece que el relajo ya está pronto a acabarse. Esto lo veremos al final del mes, cuando venza el plazo fatal del ultimátum presidencial.