Crímenes contra los periodistas
Año tras año caen asesinados en América Latina una veintena de periodistas, lo que subraya el alto nivel de riesgo que comporta este ejercicio para la vida de los que se han consagrado a esta noble misión.
Muchos de estos crímenes han quedado en la impunidad y no han valido los esfuerzos que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa para que los casos concretos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pongan fin a la impunidad que los rodea.
A lo sumo, se han llegado a los llamados “acuerdos amistosos” con gobiernos que han impulsado acciones en la justicia para procurar la sanción de los culpables.
De ahí que ante la larga lista de mártires que deja cada año el ejercicio periodístico, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, propusiera ayer en la reunión de Punta Cana un estatuto internacional que declare la imprescribilidad de los crímenes contra periodistas.
Es decir, que se eliminen de las legislaciones las cláusulas que declaran prescrito un crimen al cabo de cierto tiempo, porque al amparo de estas circunstancias muchos asesinatos de comunicadores latinoamericanos han quedado automáticamente impunes.
Algo más: está en el ánimo de la SIP luchar para que se declare el asesinato de todo periodista como un “crimen de lesa humanidad”, ya que lo que se priva es la vida de un ciudadano que sirve a los derechos humanos, en especial el derecho a la libre difusión de las noticias y las ideas.
Concomitantemente con estos esfuerzos, la SIP también se empeña en promover legislaciones que protejan la vida de los periodistas y que garanticen su trabajo en cualquier escenario, aun en los de guerra o en medio de las luchas contra el crimen organizado.
Aquí en República Dominicana registramos casos relevantes de periodistas y comunicadores cuyos crímenes han quedado impunes, y uno que parece ir por ese camino es el de Blas Olivo, ocurrido hace justamente un año.
En gran medida, los gobiernos son responsables directos o indirectos de la impunidad y este aspecto es otro que no pierde de vista la SIP al momento de calibrar las enormes dificultades que han prevalecido en América Latina para condenar estos asesinatos.