¿Cuántos pudieron colarse?

Como no existen, o no se aplican, filtros para la depuración de los aspirantes a cargos electivos, es bastante probable que en el voluminoso menú de candidaturas inscritas oficialmente se hayan colado personajes no idóneos, objetables o carentes de las condiciones para desempeñar los cargos.

Los requisitos para elegir y ser elegidos son iguales para los poderes ejecutivo, congresional y municipal, con una única variación importante: para el Poder Ejecutivo se requiere haber cumplido 30 años de edad, mientras que para los otros es de 25 años.

Los impedimentos son pocos: no puede ser elegible un extranjero, aun naturalizado dominicano conforme a la ley, para la Presidencia ni la Vicepresidencia de la República; y en el caso de los congresistas solo cuando han pasado diez años de esa naturalización. No son elegibles, tampoco, aquellos cuyos derechos civiles o políticos están suspendidos.

Luego de estas elementales condiciones, no existen otras más que impidan que personas cuya conducta ha sido cuestionada por haber incurrido en violaciones a la Constitución y las leyes, en actos viciosos y de corrupción y en otros desafueros no sancionados por la justicia, logren convertirse en candidatos y, con suerte, en autoridades elegidas.

En vista de las numerosas experiencias de autoridades electas, en cualquiera de los poderes públicos, que caen dentro de estas categorías de objetables, la sociedad siempre ha aspirado a que los partidos sean más estrictos y cuidadosos en la escogencia de sus candidatos, a modo de saludable prevención.

Las pruebas de dopaje que en algunas ocasiones se han implementado al interior de partidos han permitido detectar a consumidores de drogas ilícitas y cerrarles el paso a sus aspiraciones.

Sin embargo, los partidos no parecen hacer mucho caso al rumor público o a la evidencia más verosímil de inconductas que señalan a aquellos que buscan poder e inmunidad a través del escudo que representa el cargo y la jurisdicción privilegiada de la que gozan los elegidos.

De ahí que exista justificada aprehensión de que en este proceso electoral, caracterizado por el maremagnum del “transfuguismo” o el “cualquierismo” en la inscripción de candidatos, se hayan pasado por alto los necesarios filtros morales y legales que serían deseables para ofrecer al electorado un menú de opciones válidas, y no una Caja de Pandora de la que nadie sabe cuántos macos, culebras, cacatas y otras especies dañinas puedan emerger.