Inaceptable, venga de donde venga
En el ámbito de nuestro proceso electoral, ningún gobierno o agencia extranjera (mucho menos sus testaferros) tiene derecho a meter sus narices para influir en la conformación de los poderes públicos que estarán en juego en la contienda de mayo, sea cual sea la forma en que se propongan hacerlo.
Nuestras leyes, comenzando por la Carta Magna, son muy claras en la proscripción de todo tipo de injerencia extranjera en los asuntos internos y a tal punto llega este celo protector que ni siquiera se permite la injerencia interna, es decir, entre sí, de los poderes públicos.
Como se puede apreciar, queda configurado el delito electoral en toda acción directa o indirecta que implique dar fondos de fuentes extranjeras a candidatos o partidos, máxime si viene acompañada de condiciones dirigidas a estimular cambios o fisuras en nuestro orden constitucional o legal.
En cuanto al régimen de partidos, nuestra Constitución establece como una regla de oro que estas organizaciones deben actuar con sujeción a los principios constitucionales y es obvio que, entre estos, figuran el respeto a los derechos civiles y políticos o derechos fundamentales, como el que prohíbe el aborto, el que consagra el matrimonio entre el hombre y la mujer, el reconocimiento de la “paternidad y la maternidad responsable” y, en fin, otros importantes valores que no pueden quedar sujetos al vaivén de las interpretaciones acomodaticias e irresponsables.
Por tanto, resulta pernicioso el que gobiernos u organizaciones extranjeras se crean que el proceso electoral dominicano es una especie de banca de apuestas donde cualquiera puede jugar con dinero o con prebendas y privilegios y, en base a esas apuestas, abrir una válvula para un incontenible injerencismo en otras áreas de la vida nacional.
Ha habido demasiados ejemplos de cómo los “dineros negros” canalizados en favor de candidatos o partidos, en muchas partes del mundo, inficiona los fundamentos del sistema electoral de un país y pueden provocar un descalabro y un descrédito que termina minando la esencia de la democracia.
Si la injerencia extranjera pretende manifestarse en la compra de apoyo de ciudadanos para apalancar o catapultar a candidatos que se adhieran a propuestas que coliden con las normas y derechos establecidos en nuestra Constitución, eso equivale, sin rodeos, a un atentado contra la constitucionalidad y la soberanía nacional, porque incuba los elementos de una conspiración dirigida a desconocer valores para sustituirlos por modelos nuevos ajenos a nuestra cultura e idiosincracia.
Y esto, para cualquier nación o gobierno que se respete, es inaceptable, venga de donde venga.