Impecable defensa de nuestra soberanía

Solo cuando gobierno y pueblo se alinean perfectamente en la defensa de su soberanía puede un país materializar sus sueños de progreso, es decir, las metas nacionales que se persiguen y se alcanzan por encima de toda subordinación o maniqueísmo externo. Si el presidente Danilo Medina, para orgullo suyo como gobernante, y para todo el país, como conglomerado, ha podido cumplir con sus principales promesas desde la jefatura del Estado, es porque ha respetado la primacía del interés nacional, por encima de todo. El presidente Medina pudo presentar ayer un impresionante cuadro de logros materiales para el país porque, precisamente, ha sabido conectar el interés nacional con su propia visión del presente y el futuro, sin doblegarse ni subordinarse a los modelos que las naciones dominantes tratan de globalizar en los tiempos modernos, según sus intereses y beneficios, ajenos muchas veces a los nuestros. Somos nosotros, los dominicanos, los que decidimos sin interferencias ni condicionamientos de nadie, hacia dónde queremos dirigirnos, que queremos construir, que necesitamos consolidar y qué leyes debemos darnos para garantizar el logro de nuestras aspiraciones nacionales. De ahí que haya resultado elocuente la firme posición expresada ayer por el presidente Medina, en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, de no aceptar presiones ni imposiciones foráneas en la determinación y aplicación de nuestra política migratoria ni de ninguna otra línea de acción conectada con las prioridades nacionales. Con claridad y firmeza defendió la forma en que el país implementa su política de regularización de extranjeros indocumentados, un procedimiento modélico, reconocido incluso por la Organización Internacional para las Migraciones, menos por el gobierno haitiano y sus corífeos y aliados dominicanos y en el Caricom. Advirtió que una vez cumplido el plazo extendido, dado para que todos los extranjeros en tal situación regularicen su estatus de residencia y califiquen para optar por la nacionalidad, los que se queden fuera y vivan ilegalmente aquí serán susceptibles de que se les aplique la ley de migración, tal como lo hacen todos los países del mundo. Esta responsable postura va en sintonía con el mandato de nuestra Constitución y nuestras leyes, pero más que nada con los valores esenciales de una República que se fundó, hace 171 años, al abrigo de estos fundamentos y bajo la irrenunciable determinación de vivir en libertad y en capacidad de dirigir sus propios destinos, sin que otros sean los que nos tracen pautas o que las impongan por la fuerza.