Ley de partidos, una bola de ping-pong

Las discusiones sobre la ley de partidos se asemejan mucho al juego del ping-pong, en el que la gracia consiste en mantener la bola de un lado para otro de la cancha, como en un ejercicio sin fin. Eso es lo que ha pasado con la ley. Durante muchos años ha estado en las puertas de los hemiciclos en constante vaivén, pese a que se trata de una legislación que favorece el ordenamiento y saneamiento de la actividad política en todos los sentidos. Talvez por eso es que la pelota salta tanto de un lado a otro. Finalmente parece que ha resurgido la intención de aprobarla en la nueva legislatura. Si así se hiciese, uno de los aspectos más sensitivos de la actividad partidaria, como es el del manejo de los fondos, públicos o privados, que reciben los partidos quedaría regulado de tal forma que dificultaría el trasiego de fondos “non sanctos” y otras prácticas que han empobrecido la calidad del ejercicio de la política en nuestro país. Los partidos se nutren, entre otras fuentes, de los fondos que les asigna el Estado por vía de la ley electoral, vale decir, de los dineros que el pueblo paga en impuestos. Sin embargo, no ha habido manera de que los partidos hagan una demostración de transparencia en el manejo de esos recursos, ni de los otros que les llegan por otras manos, muchas veces manchadas por actos ilegítimos o criminales. Paradógicamente, son los partidos, principalmente cuando están en la oposición, los que más exigen “transparencia” a los gobiernos. Es como ver la paja en el ojo ajeno, sin reconocer la viga que tienen en el propio. Otra vez asistiremos a la prueba de determinar si los partidos, en realidad, están en consonancia, sinceramente y de todo corazón, con una ley marco que habrá de representar, para ellos, el mayor desafío para su integridad, institucionalización y profesionalización. Veremos.