El Constitucional valió la pena

En apenas tres años de creado, el Tribunal Constitucional ha venido a demostrar su utilidad y valor en una sociedad que aspira a fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad. El solo hecho de que, en ese corto lapso, haya emitido más de 800 sentencias, revela que los dominicanos están haciendo valer sus derechos constitucionales y que ya la Carta Magna dejó de ser una simple “cédula de identidad” de la nación dominicana, para convertirse en un instrumento básico del ejercicio ciudadano. Inclusive, muchos de los que en principio proclamaron que “esta no es mi Constitución”, han apelado a ella para reclamar derechos, otra prueba más de su impecable robustez. Muchas de sus sentencias han sentado jurisprudencia en casos en que las normas o leyes existentes no se hacían cumplir efi - cazmente o eran susceptibles de interpretaciones diversas que impedían establecer su verdadero criterio en el acto de impartir justicia. Otras, como la 168-13, adquirió categoría histórica al poner en claro, taxativamente, quienes son dominicanos y sobre qué fundamentos jurídicos y constitucionales puede otorgarse la nacionalidad dominicana a los extranjeros. Dentro del voluminoso conjunto de sus dictámenes, el Tribunal Constitucional también reivindicó el derecho de los dueños de bienes expropiados o declarados de utilidad pública por el Estado a ser debidamente resarcidos, haciendo valer un principio que hasta entonces había sido relajado y violentado desde el mismo Estado. Un instrumento como el Tribunal Constitucional, así como otras altas cortes creadas por la Constitución del 2010, confi guran un verdadero escudo para la protección de los derechos ciudadanos y una garantía de que el nuevo orden para un Estado Social y Democrático de Derecho, que inspira todo el conjunto de disposiciones, puede viabilizarse y constituirse en una feliz realidad. Con sus actos, el Tribunal Constitucional ha cumplido cabalmente con su principal misión, que es defender la Constitución y, por ende, la soberanía y la condición de nación libre y democrática,y sus jueces deben sentirse orgullosos de estar cumpliendo esta responsabilidad sin atemorizarse o claudicar ante las enormes presiones que reciben, desde dentro y fuera del país, para que emitan sentencias complacientes o al gusto de los intereses foráneos, que nunca podrán considerarse auténticas ni legítimas expresiones del sentir nacional. Que sigan así, como dice su presidente, el doctor Milton Ray Guevara “sin coger corte ni presión” de nadie.