Un lío que hay que desembrollar

La sospecha de que hubo pagos ilícitos en la justicia para “resolver” un litigio que involucra a una empresa británica que se retiró del país por esa causa amerita de una pronta y convincente aclaración. Se impone, como lo pide el presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, que se abra una investigación a fondo, de la cual no debería estar ausente la propia Suprema Corte de Justicia. La denuncia original sobre presuntas extorsiones a dos empresas británicas fue hecha en noviembre por el embajador del Reino Unido y, pese a su gravedad, nadie pareció interesado en remover las rocas que ocultan la verdad de los hechos. Hasta que ahora el doctor Marino Vinicio Castillo ha hecho un planteamiento imperativo al Departamento para la Prevención de la Corrupción Administrativa para que inicie las indagatorias correspondientes. Ese departamento ha dado la impresión, en los últimos tiempos, de que no cuenta con los recursos o el personal humano y calificado suficiente para afrontar una investigación de envergadura, ya que muchos expedientes de corrupción han llegado hasta allí y no se sabe cuál ha sido su curso final. En este caso, es una agencia del propio Estado dominicano la que está asumiendo la iniciativa de proponer que se esclarezcan las denuncias, ante la presunción de que en ese embrollo el gobierno perdió unos nueve millones de dólares producto de las triquinuelas y “mordidas” que predominaron en el litigio en cuestión. El DPCA no puede quedarse de brazos cruzados ni darle largas a la investigación, ni la Suprema Corte de Justicia, cuyo nuevo presidente ha prometido enfrentar todo caso de venalidad judicial, pasado o futuro, puede quedar ajena de esta responsabilidad.