¿Y los derechos humanos?

Más de ochenta policías y miembros de las Fuerzas Armadas han sido muertos a balazos por delincuentes desde agosto hasta la fecha, y es sorprendente que, salvo sus familias, nadie haya levantado su voz para condenar esta espiral de crímenes. Silencio sepulcral ha sido la respuesta de las organizaciones que viven pregonando la defensa de los derechos humanos, lo que demuestra la limitada, acomodada y obtusa visión que tienen acerca del problema. El resto de la sociedad, entre tanto, ve pasar estos acontecimientos como hechos inevitables, propios de la rutina de la lucha contra la delincuencia, ya que buena parte de los crímenes han sido el producto de emboscadas, de actos premeditados y con alevosía para desarmarlos o para quitarlos del medio ante un plan de fechoría. Todo esto no quita gravedad al hecho mismo de que la autoridad está siendo desafiada, que ya ni siquiera inspira temor y de que nada le pasa al que atente contra ella. A esto se suma, como agravante, que la misma autoridad se ha desacreditado en la medida en que existen malhechores uniformados cometiendo los mismos crímenes y fechorías de los delincuentes comunes. Nadie puede asegurar si el Estado tendrá capacidad para detener esta cadena imparable y casi cotidiana de ataques mortales contra la autoridad y también contra los civiles, sean o no delincuentes, mientras prevalezca un código procesal penal y otro del menor que en la práctica son alfombras rojas para que por sobre ellas se paseen, desafiantes y seguros de la impunidad, los más execrables antisociales de nuestro país.