Jueces sin rostro o tribunal especial

La figura del juez sin rostro jugó un papel determinante en la lucha contra el narcotráfico en Colombia durante casi diez años, desde que se implantó en 1991. En otros países, como el Perú, ideados para juzgar casos de terrorismo -concretamente contra los líderes o militantes de Sendero Luminoso-, el experimento resultó altamente cuestionado y al final hubo que revisar sentencias e indultar a más de 500 condenados. Estos contrastes, sin embargo, no restan pertinencia a la idea de emplear jueces enmascarados o situados detrás de paneles de vidrio tintados en sociedades donde el crimen organizado, o el terrorismo, han llegado a desarrollar una capacidad para amedrentar con éxito a los juzgadores y a cualquier otra autoridad, debilitando su papel sancionador. Aquí, a propósito de las abiertas amenazas que se han formulado contra fiscales y jueces no sólo en el caso Paya sino en otros procesos, se abre el debate sobre la conveniencia de crear un tribunal especial para juzgar a capos del narco, con auténticas garantías procesales pero, sobre todo, con la máxima seguridad que pueda brindar el Estado a los magistrados y fiscales actuantes. Sea cual sea la fórmula, la justicia dominicana necesita de un mayor blindaje frente al peligro que representan estas amenazas antes de que las coerciones y estratagemas usadas para infundir miedo o para llegar abiertamente al secuestro o asesinato de jueces, fiscales y familiares, se implanten como un recurso desesperado de los delincuentes para evadir las penalidades de nuestros códigos. La sociedad no puede detenerse tampoco en prejuicios ni acomodamientos jurídicos para hacer que los tribunales, última esperanza de respuesta eficaz y enérgica al flagelo del narcotráfico, operen sin miedos en un ambiente que poco a poco se llena de él y que está minado de riesgos y de chantajes e intimidaciones reales.

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