La propuesta presidencial
El presidente Leonel Fernández anunció anoche que el Estado adquirirá las acciones que tiene la multinacional Shell en la Refinería Dominicana de Petróleo, como parte de una serie de medidas previsoras ante el aumento constante de los precios del petróleo. Algunas de las medidas que complementan esta anunciada compra están vinculadas con el uso eficiente de la electricidad en los departamentos estatales, el reordenamiento del tránsito y el transporte de pasajeros, el uso de los vehículos públicos, generación con recursos alternativos y campañas educativas. Todas ya se habían anunciado e intentado en ocasiones anteriores y fueron abandonadas paulatinamente. Muchas pueden aplicarse de inmediato y otras a un plazo mayor. Lo realmente nuevo y más contundente, que implicará necesariamente un duro compromiso para el Estado, es la compra de las acciones de la Shell en la Refinería. Este compromiso será, en el futuro, de un considerable peso para el Estado porque se extiende más allá del simple pago de una real fortuna por las acciones de Shell. Nuestro Estado es un ejemplo de mal administrador y fue precisamente el pasado gobierno de Fernández el que asumió el compromiso de desmantelar la pesada carga de las famosas empresas públicas, algo que tampoco ha rendido los frutos prometidos. Además, la Refinería, administrada por la Shell desde su creación en 1973, ha monopolizado la importación de hidrocarburos, un negocio que en los últimos años ha sido fuente de escándalos por la alteración de facturas e impuestos dejados de pagar en perjuicio de la Nación dominicana. Ahora el mandatario deja saber que esta propiedad mancomunada ha impedido que el país pueda beneficiarse plenamente del acuerdo Petrocaribe, concebido por el presidente venezolano Hugo Chávez como una aportación generosa de auxilio a estas naciones en medio de este vendaval de alzas petroleras. El modo en que se planteó la adquisición de los intereses de Shell revelan que es una decisión definitiva tomada por el gobierno. Ahora solo queda por saber si en esta transacción la multinacional pagará los impuestos que se dijo dejó de pagar o lo que el país pagó en exceso por transporte de combustibles, como habrían denunciado funcionarios de esta administración.
