Hacia una fiscalidad verde en RD: ¿estamos listos para una transformación estructural?

La transición hacia un modelo económico más sostenible ya no es una opción, sino una urgencia. En este contexto, la política fiscal debe jugar un rol protagónico como herramienta para incentivar comportamientos responsables, movilizar inversión sostenible y, al mismo tiempo, generar ingresos que permitan al Estado atender los desafíos del desarrollo. Este nuevo paradigma ha dado lugar al concepto de fiscalidad verde, una tendencia que crece en América Latina y el mundo, y ante la cual República Dominicana debe preguntarse: ¿estamos preparados para asumir esta transformación estructural?

¿Qué es la fiscalidad verde?

La fiscalidad verde consiste en el uso del sistema tributario para corregir impactos negativos sobre el medio ambiente y promover prácticas sostenibles. Esto puede lograrse mediante dos mecanismos complementarios, tales como instrumentos impositivos correctivos, como los impuestos sobre emisiones de carbono, sobre el uso de plásticos de un solo uso o sobre vehículos altamente contaminantes o incentivos fiscales positivos, como exenciones, deducciones o créditos tributarios destinados a fomentar la inversión en energías limpias, tecnologías sostenibles o actividades económicas con bajo impacto ambiental.

Países como Colombia, México, Chile y Costa Rica ya han incorporado elementos de fiscalidad verde en sus sistemas tributarios. A nivel global, más de 70 jurisdicciones aplican impuestos al carbono o sistemas de comercio de emisiones.

En República Dominicana, existen algunos incentivos fiscales con fines ambientales, aunque dispersos y limitados en alcance. Entre los más relevantes podemos destacar:

• La Ley 57-07 sobre Energías Renovables, que otorga exenciones y créditos fiscales para proyectos de generación de energía limpia.

• La Ley de CONFOTUR, que permite beneficios a proyectos turísticos sostenibles.

• Proindustria, que promueve la innovación y eficiencia energética en el sector industrial.

Sin embargo, el sistema fiscal dominicano carece de un enfoque integrado de sostenibilidad. A la fecha, no existen impuestos ambientales con fines correctivos de aplicación general. Tampoco se mide la huella ambiental de los gastos tributarios ni se evalúa su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La legislación tributaria local no incorpora criterios ESG obligatorios (ambientales, sociales y de gobernanza) como parte de sus parámetros de política pública.

Lo anterior representa una oportunidad desaprovechada, especialmente en un contexto en que los compromisos internacionales del país, como el Acuerdo de París, exigen instrumentos más ambiciosos de mitigación y financiamiento climático.

Para avanzar hacia un sistema fiscal más sostenible y coherente con los desafíos climáticos, se podrían considerar las siguientes acciones:

1. Evaluar el impacto ambiental del sistema tributario actual, incluyendo incentivos fiscales y subsidios implícitos que podrían estar favoreciendo actividades contaminantes.

2. Incorporar nuevos impuestos ambientales (e.g., sobre emisiones, residuos, uso de agua, entre otros) con criterios técnicos, gradualidad y mecanismos compensatorios para proteger a los sectores más vulnerables.

3. Ampliar y fortalecer los incentivos fiscales verdes existentes, especialmente para pymes, tecnologías limpias, agricultura regenerativa y economía circular.

4. Fomentar la cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio de Medio Ambiente, Dirección de Presupuesto y organismos multilaterales.

5. Impulsar una reforma fiscal que considere explícitamente criterios de sostenibilidad, tanto en la estructura impositiva como en la asignación del gasto público.

Una política fiscal verde no solo es una herramienta de protección ambiental, sino también un instrumento de desarrollo económico inteligente. Entre sus beneficios destacan: mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, estímulo a la inversión responsable y a la innovación sostenible, reducción de riesgos fiscales asociados a eventos climáticos extremos, mejora del perfil internacional del país frente a inversionistas y organismos multilaterales y contribución al cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.

La transición hacia una fiscalidad verde exige voluntad política, diálogo técnico, participación del sector privado y visión de largo plazo. No se trata de crear nuevos impuestos por sí solos, sino de rediseñar el sistema tributario bajo un enfoque moderno, justo y coherente con las exigencias del presente.

---La autora es Socia de Impuestos y Servicios Legales Deloitte República Dominicana

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