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Economía & Negocios sábado, 06 de agosto de 2022

Terrenos en Pedernales están en una litis judicial

  • Terrenos en Pedernales están en una litis judicial

    La suerte de la parcela 40 debe ser la misma que la 215-A, dijo Laura Acosta. ARCHIVO

Wanda Méndez
wanda.mendez@listindiario.com
Santo Domingo, RD

Parte de los terrenos que presuntamente está comprando un inversionista a sus ocupantes en la zona de Pedernales y Barahona están ubicados en una parcela que se encuentra en una litis judicial en la jurisdicción inmobiliaria de Barahona, promovida por el Estado dominicano.

Se trata de la parcela 40, ubicada en Enriquillo, de Barahona, la cual el Estado procura recuperar, al igual que lo hizo anteriormente con otras en el área de Bahía de las Águilas, porque fueron adquirida por particulares de forma fraudulenta.

El Estado dominicano está representado en ese proceso por un equipo de abogados, compuesto por  Gustavo Biaggi Pumarol, Blas Minaya Nolasco,   Manuel Cáceres Genao, Samuel Ramia y Laura Acosta.

Además, intervienen en la litis el  Instituto Agrario Dominicano, Bienes Nacionales, y la Procuraduría General de la República, a través del Abogado del Estado del Departamento Central.

El dueño es el Estado

“Esa parcela 40 es propiedad del Estado Dominicano y las transferencias que se efectuaron sobre la misma fueron sobre la base de actuaciones fraudulentas que no pueden generar derechos en modo alguno”, indicó la abogada Laura Acosta a Listín Diario. A esa parcela es que pertenecen los terrenos que presuntamente   un inversionista ha comprado por más de 130 millones de pesos a un elevado número de invasores,  según la  información que suministró   el abogado Rubén  Manuel Matos Suárez  al corresponsal de Listín Diario en Pedernales, Odalis Báez.

Ayer este diario publicó un reportaje sobre la compra de terrenos con vocación turísticas en la provincia Pedernales y áreas aledañas, con el título “Pedernales en el foco del apetito por tierra con vocación turística”.

Litis judicial

La abogada Laura Acosta explicó que en la litis sobre terrenos registrados que inicialmente incoó el Estado dominicano, incluyeron varias parcelas,  pero que en el proceso que culminó con sentencia definitiva solo quedó la 215-A,  que en su totalidad ya es propiedad del Estado Dominicano, con sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Expuso que en lo que concierne a la parcela 40, el Estado Dominicano había inscrito oposición y se encontraba también en el proceso penal abierto en 1997. 

Puntualizó que a raíz del proceso inmobiliario que concluyó con la sentencia sobre la parcela 215-A,  en primer grado, la parcela 40 fue excluida de la litis, alegando el tribunal que no figuraba inicialmente, sino que fue agregada  con posterioridad.

Fraude

Acosta expuso que en el fraude en el caso de la parcela 215-A consistió en transferencia que hizo el IAD irregularmente y luego esa institución se inventó unos asentamientos agrarios falsos.

“En el caso de la parcela 40 el procedimiento fraudulento fue distinto: Se emitieron títulos a favor de supuestos parceleros, sobre la base de oficios del IAD que no tenían nada  que ver con asentamientos de la reforma agraria”, señaló.

Indicó que los particulares lograron transferirse derechos de propiedad mediante oficios del IAD de la década del 90  y luego aparecieron también supuestos contratos de ventas de esas personas a terceros, empresas, y particulares que dicen ser legítimos propietarios por ser adquirientes de buena fe.

  Se transfirieron terrenos a cientos de personas,  algunas fallecidas y  otras que no sabían de esa transferencia.

Nulidad de títulos

2014

 En 2014, la jueza Alba Beard Marcos, de la Octava Sala del Tribunal de Tierras del Distrito Nacional, declaró la nulidad de 1,200 títulos de propiedad emitidos a favor de particulares, así como  las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operación o transacción desde 1990 a la fecha realizadas en Bahía de las Aguilas, Pedernales, al acoger una demanda interpuesta por el Estado dominicano. Esa sentencia fue confirmada en el 2016 por el Tribunal Superior de Tierras, y más tarde, en  el 2018, por  la Suprema Corte de Justicia (SCJ).