Tras ocho años de una ley que los “protege” los animales siguen a la espera de sus albergues

Quien escribe ha sido testi­go de que en República Do­minicana no existen políti­cas públicas para proteger a los animales. En múltiples ocasiones ha buscado refu­gio para animalitos rescata­dos y no lo ha encontrado, al menos en el Gran Santo Do­mingo.

“No tenemos refugio”, es la respuesta constante tan­to de los organismos del Es­tado como el Departamento de protección animal de la Procuraduría General de la República (PGR) y muchas organizaciones que se ha­cen llamar protectoras de los animales, pero se limitan a ponerlos en adopción en sus redes sociales porque no tie­nen espacios para albergar­los.

Por suerte ha logrado ubi­carlos en un hogar por su propia vía, con la ayuda de amigos y familiares, pero la ayuda de los organismos es­tatales y de varias fundacio­nes de protección animal ha sido prácticamente nula.

Una ley que no se cumple

En el 2012 muchas los amantes de los animales ce­lebraron la promulgación de la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable, No. 248-12, porque tenían la es­peranza de que el Estado asu­miría la responsabilidad de proteger a los animales, pero han pasado ocho años y prác­ticamente nada ha cambiado.

Por las calles del país siguen deambulando perros y gatos famélicos, heridos, enfermos, continúa la exhibición y venta de animales en condiciones in­adecuadas, los caballos siguen utilizándose (aunque en me­nor medida) sin la debida con­sideración…En fin, es evidente que la protección animal sigue siendo una tarea pendiente en República Dominicana, un país que depende en gran medida del turismo y esto da una ima­gen negativa a los extranjeros en cuyos países los derechos de los animales sí son respetados.

¿Qué establece la ley?

Según la ley, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia So­cial, el ayuntamiento del Dis­trito Nacional, los ayunta­mientos de los municipios y las juntas de distritos muni­cipales están en la obligación de instalar casas albergues en el ámbito de su territorio. Sin embargo, todavía no se ha instalado el primero, a pesar de que muchos políticos lo han prometido.

“Compete al Ministerio de Salud Pública y Asistencia So­cial instalar casas albergues en cualquier comunidad o en la cabecera de provincias, según las necesidades. Los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales que­dan obligados a instalar casas albergues en el ámbito de su competencia territorial”, esta­blece textualmente la ley en su artículo 12.

Las instituciones protecto­ras de animales también pue­den instalar casas albergues y deben recibir toda la ayuda económica y material que re­quieran del Estado, los ayun­tamientos y juntas de distritos municipales. En los refugios, en teoría, los animales de­ben recibir las atenciones que ameriten como cuidados ve­terinarios, higienización, ali­mentación, vacunación y una protección general que apor­te a su bienestar.

Tenían dos años para instalarlos

Conforme a la ley, en un pla­zo de dos años tras su promul­gación el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de­bía poner en funcionamiento casas albergues en cabeceras de provincias y en el Distrito Nacional y en los lugares que considere necesarios.

En el mismo período los ayuntamientos tenían la obli­gación de instalar casas alber­gues particulares, conjuntas o mancomunadas.

También es obligación del Estado, a través de la Policía Nacional o Policía Municipal y en coordinación con el Ministe­rio de Salud Pública y Asisten­cia Social, los ayuntamientos o juntas municipales, recoger a todo animal con o sin due­ño que deambule por las áreas públicas, que se encuentre en­fermo o perdido, que haya si­do abandonado por su dueño o maltratado, enviarlo a la casa albergue del lugar y brindarle los cuidados que amerite.

El artículo 73 de la ley dice que es deber de los ciudada­nos informar a las autoridades sobre la existencia en lugares públicos de animales realen­gos o enfermos o recogerlos y depositarlos en las casas alber­gues públicas o privadas.

No obstante, aunque existen muchas perso­nas dispuestas a resca­tar animales callejeros, se desmotivan debido a que no encuentran donde ubicarlos y tie­nen que hacerse res­ponsables del animal y cubrir los gastos que conlleve su cuidado.

No todo el mundo por más que ame a los ani­males y les duela verlos sufrir tiene esa posibili­dad, ya sea por falta de espacio o de dinero.

Algunos alegan además que hay organizaciones que tienen esto como negocio.

“Dejé de rescatar por­que la mayoría de mis colegas y algunas fun­daciones tienen los res­cates como negocio. Es muy duro ver todo lo que vi sin poder ha­cer nada y sin una ley que de verdad se cum­pla. Las fundaciones no te ayudan si rescatas”, afirma Dulce Dionisio, quien duró varios años rescatando perros pe­ro se le hizo insostenible continuar.