Pimentel afirma senador del PRM no podrá contractual con el Estado
Según el director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP), Carlos Pimentel, pese a que un funcionario sea un proveedor único del Estado, no podrá contratar con el Gobierno porque “la ley es muy clara” y estos servidores se encuentran en el Régimen de Incompatibilidades.
Pimentel dijo que pese a que el senador del PRM por la provincia de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, había asegurado que como él es un proveedor único del Estado por la venta de medicamentos, existe una excepción en el artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas relacionada a los bienes y servicios con exclusividad o que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica.
“Parece ser que él tiene la representación de la multinacional y la multinacional que elabora esos productos si puede tener relaciones contractuales con el Estado (…) La ley es muy clara en su artículo 14 y no puedo interpretarla de otra manera, no porque sea un proveedor único podrá contractual con el Estado”, comentó Pimentel haciendo referencia a que la multinacional que envía estos medicamentos deberá buscar otro representante en República Dominicana para poder vender al Gobierno.
Constitucional
El funcionario recalcó que esta es una disposición de la Constitución de la República que establece que los diputados y senadores no pueden dedicarse a otra función y, por tanto, no pueden ser proveedores del Estado.
Otros casos
Pimentel expresó que el 26 de agosto, la DGCCP comunicó a todos los funcionarios electos que solicitaran la inhabilitación de su registro de proveedores y que si al 30 de octubre, no lo han hecho, la entidad lo hará de oficio.
Sin embargo, al 19 de octubre solo se han cruzado la base de datos de los funcionarios electos a nivel municipal como alcaldes, directores de distritos, vocales y regidores, y de los integrantes del Poder Judicial.
“Todavía no hemos cruzado la base de datos de los funcionarios designados el 16 de agosto a la fecha porque estamos utilizando un sistema de cruce de base de datos. Nosotros no hemos terminado de identificar todos los funcionarios que están en el régimen de incompatibilidades, pero mientras eso pasa salió el caso de Kimberly Taveras (la ministra de la Juventud) y se le anuló”, manifestó.
Pimentel dijo que tampoco se ha cruzado la base de datos con la lista de senadores y diputados, pero mientras eso pasa, algunos funcionarios ya sí han solicitado directamente su inhabilitación como proveedores del Estado.
Recalcó que todos los funcionarios, no importa que sean designados o electos, del partido que sean o los intereses que tengan, si están en el sistema de incompatibilidad se les va a suspender su registro de proveedor, aunque este es un proceso que no ha terminado porque se trata de “una tarea ardua”, ya que apenas se están iniciando los mecanismos de detección temprana.
Inteligencia artificial
El titular de Compras y Contrataciones Públicas informó que la organización está desarrollando desde la unidad de análisis y monitoreo herramientas de ciencias de los datos vinculadas con inteligencia artificial y además ha estado avanzando en la interconexión de las distintas bases de datos de los entes del Gobierno.
Cumplir la ley
“Estamos convencidos de que no es un tema rápido y fácil, es un tema de efectividad. Esto no es una carrera, esto es simplemente hacer cumplir la ley y por eso las herramientas que hemos estado desarrollando queremos aplicarla lo más efectivo posible”, afirmó.
Sobre los jueces Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Marlon Vladimir Espinosa Lebrón, Pimentel puntualizó que ellos estaban en el registro de proveedores, aunque no estaban de manera contractual con el Estado, pero la organización que dirige está en conversación con el Poder Judicial y rendirá un informe respecto a esos casos.
SEPA MAS edidas de la Ley 340-06 Artículo 6
Presenta algunas exclusiones a la aplicación de la norma sobre los procesos de compras y contrataciones relacionados con acuerdos de préstamos, y otras.
Artículo 12
Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños.