La contrarreforma

Es muy penoso para quien escribe criticar medidas de un Gobierno que se inicia y que fue electo con la fir­me decisión del pueblo do­minicano de provocar un cambio verdadero en la forma de conducir los des­tinos de la nación.

Reforzando una institu­cionalidad que se dejó de respetar y promoviendo un Estado de Derecho donde reine la justicia, el respe­to a los bienes públicos, la transparencia y la cero to­lerancia a la impunidad.

Desde hace un tiempo además veníamos abo­gando porque se com­pletaran las reformas in­cluidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo a través de su discusión en el Consejo Económico y So­cial (CES), como son las demandadas reforma ener­gética, ahora más cuando estamos de nuevo inunda­dos de apagones que están dañando los aparatos eléc­tricos de los hogares humil­des y de clase media, sin nadie que los compensen, con tarifas eléctricas abu­sivas, incluyendo los aires acondicionados, en un país donde el cambio climático está haciendo el calor cada vez más insoportable y pro­longado, pretendiendo aho­ra gravarlos con un 25%.

Y, entre otras no menos im­portante, la Reforma Fis­cal Integral. Pero oh… des­agradable sorpresa! De improviso con el someti­miento del nuevo presu­puesto de ingreso y gastos públicos para el 2021, nos encontramos con un pa­quete impositivo que he lla­mado la contrarreforma, aprobado por el Consejo de Gobierno sin haber sido ni siquiera discutido por ese honorable cuerpo de minis­tros y gobernantes. Y sin el conocimiento del CES, ór­gano del Estado cuyo ob­jetivo es el responsable de ser el instrumento de discu­sión y aprobación de las Re­formas a ejecutar por el Es­tado en esas dos áreas. Tal ausencia del Consejo en es­ta ocasión para cumplir con sus obligaciones, nos pro­duce temblores de impo­tencia sobre el presente y futuro de una instituciona­lidad por todos anheladas, que está siendo nuevamen­te objeto de abandono.

Soluciones fáciles Tal vez el buscar solucio­nes fáciles a graves proble­mas económicos y finan­cieros han precipitado la adopción de actitudes que estoy seguro no es caracte­rística del Ejecutivo, sino que fue empujado hacia esta aventura sin los aná­lisis previos necesarios en un medio diferente como es el actual de grave crisis humanitaria, al momen­to en que fueron concebi­dos de actividad normal de la nación. El problema estriba que por la pronti­tud y por el deseo de ob­tener mayores pretendi­dos recursos fiscales, están creando con los señalados impuestos mayores obstá­culos para que la Nación vuelva a recuperar su nor­malidad.

Hay que ver el reciente caso del Japón cuando creó un impuesto sobre el consumo que por su adverso efecto sobre la economía operando en época normal, tuvo que ser suspendida su aplicación.

Penosamente nos preguntamos, a quien se le ocurre en medio de una Pandemia y de la peor crisis económica, social y de la salubridad a que se ha enfrentado esta nación con una caída del PIB que sobrepasa el 7%, cargar a un pueblo de mayores incertidumbres y costos económicos, ya bañado en llantos y lágrimas por la crueldad de sus muertos y por haber sido más de un millón de su población expulsados de sus fuentes de empleo por el mismo abusivo Estado, al expropiar los ingresos cerrando y quebrando miles de sus fuentes de sustentación de trabajo sin ninguna compensación, pérdidas que se remontan a miles de millones en pesos en capitales de micros, pequeñas y medianas empresas.

Distorsiona

Desgraciadamente lo que se pretende aprobar como ley es una contrarreforma porque vuelve a introducir distorsiones en el área cambiaria después de 30 años de haber sido eliminadas, con la pretendida aplicación de un 3% de tasa impositiva sobre todas las operaciones de medios de pagos internacionales. Porque es una contrarreforma que es contraria con nuestros objetivos de ser como economías pequeñas, abiertas y exportadoras de bienes y servicios porque es la única forma de continuar creciendo a tasas del 5% anual.

Además de que esa tasa impositiva genera incertidumbre que puede afectar el retorno a los normales movimientos estacionales de la tasa de cambio, afectando un trabajo de filigrana que han realizado las autoridades monetarias. Porque introduce incertidumbre e inquietud en áreas que desalentarían el ingreso de nuevas inversiones extranjeras cuando lo lógico es estimular su ingreso en estos momentos. Porque perjudica los índices del “Doing Business”, que es un indicador fiable para el estímulo a futuros inversionistas. Porque crea un arancel adicional aumentando los costos de los negocios y de las personas y la tasa de inflación. Porque ese impuesto a las operaciones de pago en moneda extranjera, puede ser su aplicación una violación a las reglas y normas que debemos de cumplir como miembros que somos de organismos multilaterales que supervisan y norman las relaciones cambiarias y comerciales entre sus países miembros, y violatorio con nuestros acuerdos comerciales bilaterales con EE.UU. y la UE. Porque aplica un costo adicional a las tarjetas de crédito en dólares que ya cargan con elevadísimas tasas de interés de hasta el 8% mensual, sin que estas sean reguladas por las autoridades responsables para evitar estos abusos de un mercado imperfecto y de oligopolio. Porque aplicar un impuesto a los salarios de los trabajadores y empleados de clase media ya golpeados por la Pandemia, el desempleo y caída en el consumo, es un signo de poco sentido de humanidad.

Porque aplicar un impuesto de solo 8% sobre ganancias excesivas a empresas que se han beneficiado de su posición privilegiada de operación y de alimentación fiscal y monetaria, mientras otras han sido obligadas al cierre y quebradas por el mismo Estado, es simplemente el reflejo de una administración que está desviándose de los propósitos y anhelos de un pueblo que la eligió para que aplicara justicia social y económica.

El prestigioso economista Premio Nobel Thomas Piketty propone un impuesto del 80% a las ganancias excesivas para reducir la inequidad de ingreso en las sociedades occidentales. La reforma prometida Por las entrantes autoridades de igualar en su tratamiento fiscal y normativo las operaciones de exportación de las empresas nacionales con las de zonas francas, está siendo denegada, y al contrario ahora la industria de la aguja que está compuesta mayormente por micro y pequeñas empresas que en el año 2007 se le había otorgado por ley ese tratamiento, estás volvieron a ser objeto de aplicación y retenciones impositivas. Un retroceso a los objetivos de convertir a este país en una maquinaria exportadora de bienes y servicios, reduciendo la elevada vulnerabilidad que representa el turismo en la generación de divisas y creación de empleos. En próximos trabajos seguiremos analizando esta desafortunada iniciativa de contrarreforma fiscal.

El autor es economista, ex­vicegobernador del BCRD y exdiplomático.