Reclamo

Protestas de trabajadores podrían atrasar más la central Punta Catalina

El cumplimiento de de las obligaciones laborales relacionadas con el personal contratado para trabajar en la Central Termoeléctrica Punta Catalina es responsabilidad exclusiva del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella. JORGE CRUZ.

El cumplimiento de de las obligaciones laborales relacionadas con el personal contratado para trabajar en la Central Termoeléctrica Punta Catalina es responsabilidad exclusiva del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella. JORGE CRUZ.

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Martín Adames / José Dicén / Lilian TejedaPeravia

El Sindicato de Trabajadores de la Rama de Construcción de la Planta Punta Catalina (Sintrapunca) protestó y paralizó las labores en la mega obra energética al enterarse de que no recibirían su bonificación correspondiente al año 2018, debido a que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella obtuvo “pérdidas” económicas en ese año.

Debido a la magnitud de la protesta, la generadora energética tuvo que ser intervenida por la división Antimotines y de Reacción Rápida del Comando Sur de la Policía Nacional (PN) y del Ejército para prevenir una anarquía mayor o posibles daños a la infraestructura.

Los alrededores de la planta y puntos estratégicos de la comunidad de Nizao y de la Carretera Sánchez fueron militarizados ante la amenaza de que la manifestación de trasladara a las afueras de la generadora.

Atraso Los contratistas que tienen a su cargo la construcción de la segunda unidad y caldera generadora a base de carbón pulverizado amenazan con continuar sus manifestaciones si el consorcio no les da una respuesta positiva sobre cuando recibirían su bonificación.

Para controlar la situación, la administración de Punta Catalina optó por evacuar a sus trabajadores, lo que supone un atraso de un día de trabajo, y con posibilidad en convertirse en varios más.

“Nos vamos hasta que nos den respuesta del bono,” expresó un obrero desde la ventanilla de un autobús a un equipo de prensa de Listín Diario que fue al lugar a constatar la situación, no obstante no se les permitió la entrada a la prensa.

Los empleados también aseguraron que varias personas resultaron heridas por la fuerza de los antimotines.

Motivo El detonante de la situación fue un comunicado del consorcio dirigido a Sintrapunca, en el que el grupo informaba que tuvo pérdidas durante el año 2018, razón por la cual no pagarán los “bonos” correspondientes.

Atentado Ante las protestas, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) advirtieron que no tolerarán ningún acto de vandalismo o acción en general que atente contra la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Mediante un comunicado, las entidades informaron que tomaron las medidas de lugar para que ese tipo de actos no vuelvan a suceder.

Diversos conflictos han retrasado la obra

Santo Domingo. La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) estaba programada para terminarse en cuarenta y cuatro meses (tres años y ocho meses), pero debido a diversos inconvenientes no fue hasta este año (2019) cuando la unidad 1 de la planta comenzó a operar en fase de prueba.

“La unidad No.1 está programada para su operación comercial en agosto del año 2017 y la unidad 2 en octubre del 2017”, establece el cronograma disponible en la página web de la central.

En el 2017 el consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella planteó una nueva fecha para entregar las dos unidades generadoras lo que implicaría un retraso de casi dos años en el tiempo originalmente previsto para su entrada en operación.

En ese mismo año estalló el conflicto entre el consorcio y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) porque el contratista reclamó el pago de más de US$700 millones por “costos extras” generados en la obra. La CDEEE entiende que no debe pagar y el caso se encuentra en un tribunal de Estados Unidos.

Cuando la empresa, según los reportes noticiosos, pidió una extensión del plazo para la entrega de las obras, la CDEEE rechazó la propuesta. Según la corporación, el consorcio estaba “en mora” y se debía mantener el calendario.

En ese momento el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, manifestó que no se descartaba la posibilidad de que otra compañía pudiera terminar la obra.

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