El empresariado apoya las medidas de la DGII

La Asociación de Industrias (AIRD) apoyó las medidas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y consideró que estas constituyen acciones ejemplarizantes contra evasores y estructuras fraudulentas que dicen llamarse empresas y que se encuentran produciendo o vendiendo al margen de la ley y del cumplimiento del pago de impuestos, y que además provocan competencia desleal a las verdaderas empresas que generan empleo y que contribuyen al fisco.

De igual forma se expresaron de manera separada los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache; y Sandy Filpo, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS).

“Es una forma importante de frenar las ilegalidades, las violaciones al Código Tributario y los esquemas fraudulentos que buscan ganar ventaja por la vía de la defraudación fiscal a las industrias y empresas formales en República Dominicana” expresó Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD. Marranzini afirmó que “la AIRD ha sido un propulsor de la equidad fiscal y asimismo respalda toda iniciativa que ayude a incrementar la formalidad, toda iniciativa que reduzca la evasión fiscal y todas aquellas que faciliten el cumplimiento de los deberes tributarios de las empresas y personas físicas”.

“Pero en este caso, se trata del sometimiento por parte de la DGII a varios supuestos esquemas fraudulentos que dicen llamarse empresas, sospechosas de estar vinculadas al negocio ilegal de alcoholes; actuaciones que en muchos países están vinculadas con otros actos ilícitos y agrupaciones criminales a nivel internacional. Por ello, respaldamos esta actuación firme del director Magín Díaz y de los demás funcionarios de la DGII, la cual entendemos debe ser apoyada por todos los ciudadanos, porque constituye una acción contundente contra el ilícito”, señaló el presidente de la AIRD.

También saludó la creación de una estructura que contribuya a simplificar los procedimientos tributarios para promover una mayor formalidad de las empresas al facilitarles cumplir sus obligaciones tributarias.

Posición del Conep

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresó su respaldo a las acciones que emprende por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para combatir estructuras fraudulentas que se dedican a cometer actos ilícitos y evasión de impuestos.

El presidente del Conep, Pedro Brache dijo que “nos encontramos frente a un caso grave que atenta contra la seguridad jurídica, la libre empresa y libertad de competencia, lo cual lacera nuestra economía y la imagen del país. Reconocemos y expresamos todo nuestro apoyo a la labor de la DGII y su director Magín Díaz, para que se agote el debido proceso y se aplique todo el peso de la ley contra los responsables”.

Brache declaró que “esto afecta a todo el aparato productivo. Estamos hablando de elaboración productos, participación en un mercado de manera fraudulenta, estafa al Estado, lavado de activos y comercio ilícito, acciones que como sector empresarial rechazamos y no permitiremos que se repliquen®.

El gremio entiende que esto debe servir como ejemplo de la urgente necesidad de disminuir los niveles de informalidad en el país y trabajar en reformas que faciliten hacer negocios.

Además, reafirmó que el Conep continuará abogando por el fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado y el sistema de justicia para garantizar que se cumpla la ley y sean sancionados quienes no lo hagan.

Sandy Filpo: La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) ofreció su respaldo a la DGII por enfrentar las violaciones al Código Tributario que perjudican las recaudaciones del Estado y crean serias distorsiones en el mercado.

El presidente de la entidad, Sandy Filpo, se pronunció en esos términos a propósito de una querella presentada por el ente recaudador por una presunta defraudación superior a los RD$4,000 millones, que de acuerdo con investigaciones se registró mayormente entre 2012 y 2016. El dirigente empresarial consideró que este caso, probablemente sin precedentes en el sistema tributario dominicano requiere una exhaustiva investigación del Ministerio Público.