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GREMIO

Contadores públicos piden renovación de su legislación

Directivos. La Junta que representa a los contadores públicos autorizados durante una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Directivos. La Junta que representa a los contadores públicos autorizados durante una entrevista con LISTÍN DIARIO.

En ocasiones, el contador es percibido en la empresa como la persona que no genera ingresos, pero es necesario tenerlo. Sin embargo, en la medida que este profesional se certifique, puede atraer nuevas inversiones o ahorrar dinero. Por eso, estos profesionales esperan por la modificación de la ley que los rige.

La renovación de la Ley número 633 sobre Contadores Públicos Autorizados, del 16 de junio del 1944 ya cumplió 74 años, por lo que esta normativa es considerada “obsoleta” por la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

La recuperación del sello del contador es uno de los elementos que el gremio quiere que se incluya en esta ley, según la presidenta de la entidad, Gisela León Jiménez, quien agregó durante entrevista con LISTÍN DIARIO que debido a la transformación tecnológica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre el pago de tributos a través de la página web, están perdiendo RD$100 por cada RD$10 millones que se declaren para ocupar un puesto.

De acuerdo con León Jiménez, como ya los contadores no entregan las declaraciones en físico, producto del cambio tecnológico de la DGII, el gremio ha disminuido sus ingresos y no han podido desarrollar sus planes de manera integral, como dar cursos gratuitos a estos profesionales, seguro médico u otras ayudas que ahora mismo se dificultan por la limitante económica.

“Estamos haciendo las gestiones para lograr que podamos, a través de su plataforma, tener esos recursos. Solo estamos recibiendo los recursos cuando se hace una rendición física, que se hace mínimamente”, destacó el vicepresidente del ICPARD, Bacilio Sánchez.

Valor de la legislación El tesorero de la asociación, Luis Olivo, comenta también la importancia de la modificación de la pieza legislativa, haciendo énfasis en que la clase contadora hace un enorme aporte a la economía dominicana y a la sociedad con sus acciones velando por el cumplimiento de los temas éticos.

Otras de las exigencias de los representantes de los contadores públicos autorizados que deberían ser incluidas en la nueva norma son la integración del gremio porque la ley los faculta como organismo, pero existe además el Colegio de Contadores, la constante actualización de conocimientos en el área un mayor control de la calidad y ética de ellos.

“Nosotros, como institución, tenemos la responsabilidad de velar por la calidad de esos contadores y también por lo que corresponde un código de ética”, puntualizó León Jiménez.

Línea de trabajo Sánchez resalta el enfoque de la gestión de la junta directiva del ICPARD, que es monitorear el comportamiento de las acciones del contador público en base a dos elementos: el primero es defenderlos cuando se quieran violentar sus derechos y el segundo guarda relación con la violencia de normas.

Con estas afirmaciones corroboraron la secretaria de la organización, Andrea Josefina Tapia y el director técnico, Néstor Marte. El vicepresidente del ICPARD, Bacilio Sánchez, explicó que el anteproyecto de Ley de Revalorización Patrimonial necesita para su cumplimiento la asesoría de contadores públicos.

Al respecto, menciona algunas consideraciones del instituto frente al anteproyecto que se estudia, entre las que citó que pudiera avecinarse una acción penal tributaria de forma masiva; las tasas propuestas resultan ser excesivas en una economía como la dominicana donde la informalidad es elevada y esta ley sin el respalgo de una efectiva amnistía fiscal resultaría un laberinto sin salida para quienes se acojan a ella.

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