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AGRICULTURA

No hay desarrollo nacional sin lo rural

  • No hay desarrollo nacional sin lo rural

    Dato. No hay soberanía ni seguridad alimentaria sin la agricultura familiar.

Carmelo Gallardo
Especial para LISTÍN DIARIO
Santo Domingo

Estas dos frases del título, elegidas a propósito para captar la atención del lector, pueden parecer muy obvias una vez leídas, pero surgen y sobre todo se hacen útiles en forma de políticas públicas cuando interactúan al menos tres niveles necesarios para lograr el desarrollo en América Latina y el Caribe: la academia, la cooperación internacional y los Gobiernos nacionales.

Al análisis académico le debemos un artículo que cito con frecuencia para exponer el valor del desarrollo rural. El economista mexicano Ugo Pipitone publicó en 2007, en el N∞ 1 de la Revista Pensamiento Iberoamericano, un breve texto con un título mucho mejor que el mío: “Salir del atraso en América Latina”. El autor analizaba tres ciclos que pueden calificarse como exitosos para alcanzar el desarrollo, logrados en distintas partes del mundo. El primero, protagonizado por Suecia, Dinamarca, Alemania, Japón y, en menor grado, Italia, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. El segundo, por Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong en la segunda mitad del siglo XX. Y el tercero, por España, Portugal, Grecia e Irlanda en el mismo período.

Pipitone identificó seis aspectos coincidentes en los tres procesos históricos: crecimiento acelerado, urgencia política, regionalismo, consolidación institucional, menor desigualdad y reforma agraria. Sobre esta última, señaló que “en el largo plazo ningún proceso de salida del atraso ha sido sustentable sin cambios rurales importantes”.

Un segundo espacio que debe aportar al conocimiento y al diálogo de políticas es el de la cooperación internacional. Y en el ámbito de la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, la FAO tiene el mandato global del Sistema de Naciones Unidas. En América Latina y el Caribe, este mandato se ajusta y renueva cada dos años, en la Conferencia Regional, que es el principal órgano de Gobierno de la Organización a nivel regional.

La última Conferencia ha reunido recientemente, a primeros de marzo en Jamaica, a ministros, ministras y altos funcionarios de los 33 países de la región. A través de ellos los Gobiernos han declarado que la agricultura debe ser una prioridad del Estado, principalmente en lo que concierne a la agricultura familiar.

La agricultura sigue siendo la principal actividad económica en los sectores rurales y la principal fuente de ocupación para la población rural. Y la agricultura familiar ya no se ve solo en términos de disponibilidad de alimentos y de generación de bienes y servicios ambientales y rurales. En un contexto de aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad en todos nuestros países, la agricultura familiar aporta también los alimentos frescos, diversos y culturalmente aceptados que se necesitan para reducir la malnutrición.

Por último, cabe mencionar al principal responsable de la acción u omisión de políticas públicas para el Desarrollo: el Estado. En República Dominicana, y en relación al título de este artículo, se vivió un punto de inflexión importante en junio del 2016, cuando en la misma semana el Congreso aprobó la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional Ley SSAN 589-16) y el Ministerio de Agricultura hizo lo propio con una resolución por la que se “declara de alto interés el fomento, apoyo, asistencia y acompañamiento en la Agricultura Familiar” (RES-MA-2026-14).

En aquel momento publiqué una columna de opinión felicitando al Estado, al Gobierno y a la sociedad dominicana. Ahora, dos años más tarde, renuevo mis parabienes por los avances logrados, que no son muy visibles para la sociedad, pero que constituyen pasos firmes para las reformas y la institucionalidad necesarias en el camino del desarrollo sostenible.

El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, ha constituido el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), según lo establece la Ley SSAN, y el presidente de la República firmó su reglamento (120-18) a finales de marzo.

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