Pensiones de los políticos vs la de los trabajadores
Es increíble la gran diferencia económica que existe entre las pensiones de algunos políticos que por poco tiempo han ocupado funciones públicas y aquellas pensiones de verdaderos trabajadores del Estado que por muchos, pero muchos años, han dejado su juventud y sus fuerzas en un empleo público. El problema esencial es que a espalda de la Ley General de Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, algunos organismos del Estado que tienen autonomía presupuestaria, abusando de esta autonomía, prefieren crear sus propios sistemas de pensiones, con montos muy superiores a los consignados en la ley, solo para satisfacer los bolsillos de políticos que fueron nombrados en los mismos. Así vemos, por ejemplo, a instituciones como el Banco Central, el Banco Nacional de la Vivienda, Superintencias de Banco y Seguro, la Junta Central Electoral y otros, que pensionan a sus funcionarios políticos con pensiones de hasta RD$600,000.00 mensuales, incluyendo pensiones para algunos funcionarios que a duras penas duraron poco más de un (1) año en sus funciones. En contraste con esta situación nos encontramos con los trabajadores o empleados normales del gobierno, como enfermeras, maestros, policías y otros servidores públicos, que no solo necesitan tener trabajando un mínimo de veinte (20) años, sino que las pensiones que reciben en su mayoría no sobrepasan los RD$7,000.00 pesos mensuales, es decir casi cien veces menos que los políticos. Todo lo anterior sin olvidarnos de tantos otros empleados y obreros que mueren lentamente en las calles esperando una pensión mínina que nunca llega, como pasa con los obreros de la construcción, pues no hay dinero para ellos. Pero estas son las cosas de mi país. Mi hermoso país que los políticos destruyen cada día. A estas alturas del juego presupuestario que lleva el gobierno y como medida de urgencia y aplicación inmediata hasta que se consolide un verdadero sistema de pensiones, debe emitirse un decreto que ordene que toda pensión otorgada al margen de la Ley de Pensiones, no debe exceder de veinte (20) salarios mínimos el monto máximo de las pensiones que ha otorgado u otorgará el Estado, incluyendo a sus organismos descentralizados o autónomos. Con esta medida, además de ser más justa, equitativa y contribuir con la disminución del gasto público, de seguro podrán satisfacerse otras muchas pensiones de verdaderos trabajadores públicos que no han tenido la “dicha” de ser políticos.
