PERSPECTIVAS

Estabilidad económica, reto del nuevo gobierno

LA CAPITALIZACIÓN DEL BC ES UN IMPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Pasaron las elecciones presidenciales 2012. El pueblo ejerció su derecho al voto. El próximo 16 de agosto asumirá un nuevo presidente de la República. ¿Cuáles son los principales retos del gobierno que se instalará en el Palacio Nacional por los próximos cuatro años? En materia económica son muchos, pero entre los principales está mantener la estabilidad de precios, crecimiento del producto interno bruto (PIB) y tranquilidad en la tasa de cambio. En términos del servicio de deuda del sector público no financiero (SPNF) el compromiso requerirá de mucho sacrificio financiero para la próxima administración, ya que deberá erogar alrededor de US$8,398.5 millones, sin incluir los compromisos del Banco Central y nuevas contrataciones de empréstitos. La economía dominicana ha sabido sortear las crisis que sucesivamente han afectado el entorno internacional, alcanzando niveles de estabilidad y crecimiento por encima de los promedios de la región. ¿Sobre la base de cuáles variables ha estado sustentada la estabilidad económica? El panorama económico de República Dominicana está definido en muchos de los aspectos que gravitarán en los próximos cuatro años, excepto en las variables que dependen mucho del vaivén del entorno internacional. Hay leyes sectoriales que están definidas y que, a pesar de las debilidades que presentan en su concepción, se aplican. Entre los casos más visibles están la Ley Monetaria y Financiera, la de Capitalización del Banco Central, la de Electricidad y la de Telecomunicaciones, entre otras, como es el caso de dos que son fundamentales: La ley 488-08, que crea un marco especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial. Los industriales se han quejado de dificultades por falta de competitividad. Expectativas¿Qué sucederá con la estabilidad de la tasa de cambio? ¿Qué escenario se prevé para las leyes pendientes de aplicación en materia de incentivos y marcos regulatorios de sectores generadores de empleos? ¿Habrá incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Se firmará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)? ¿Habrá variación de las metas de inflación? ¿Se mantendrá la política de congelación de las tasas de interés de política del Banco Central? ¿Se acudirá a nuevos préstamos para financiar las obras de infraestructura que demanda el país? ¿Qué actitud tendrá la próxima administración con la seguridad ciudadana? ¿Qué sucederá con PetroCaribe? ¿Qué apoyo se dará a los sectores exportadores y generadores de divisas como turismo y zonas francas? ¿Se aplicará el 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación? Las preguntas y las respuestas son diversas. Los organismos internacionales de financiamiento, entre los que están el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), han reconocido el buen desempeño económico del país, aunque con algunas observaciones en lo que respecta al gasto público. Los índices de competitividad han mejorado en algunos sectores, pero se ha señalado la necesidad de echar más ganas en las variables que impactan directamente los costos de producción. Entre los aspectos que habrá que tomar en cuenta en los próximos cuatro años es el atinente a la deuda pública. Según las proyecciones basadas en estimaciones de nuevos desembolsos y nueva contratación de deuda programada para el período 2012-2015, de acuerdo al Plan de Financiamiento Plurianual, el país recibirá cerca de US$6,601.4 millones. COMPROMISOS DE DEUDA EN PRÓXIMOS 4 AÑOSDe acuerdo a la Dirección General de Crédito Público, del Ministerio de Hacienda, en los próximos cuatro años será necesario buscar US$5,742.7 millones sólo por amortizaciones. Antes de que termine este año hay que pagar US$639 millones, en 2013 los compromisos por amortización de deuda del sector público no financiero (SPNF) es de US$1,402.7 millones, en 2014 habrá que pagar US$1,783.1 millones, en 2015 serán US$976.4 millones y US$941.5 millones en 2016. Sólo por intereses el Estado deberá erogar US$2,643.2 millones en los próximos cuatro años.

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