Alta tasa de desocupación de ingenieros preocupa al Codia

Apesar de que República Dominicana cuenta con profesionales de la ingeniería altamente calificados, la tasa de desocupación en esa rama ha sido una de las principales preocupaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), que agrupa a más de 26,000 colegiados. Así lo afirmó el presidente de la entidad, Domingo Taveras, quien además enfatizó la escasa participación de los ingenieros dominicanos en la dirección de los megaproyectos que se levantan en el país. El dirigente atribuye la situación en gran parte a que en las grandes obras que se construyen con capital extranjero no se esté cumpliendo la ley laboral que exige que el 80% del personal sea dominicano sino que la proporción promedio de empleomanía criolla en esos proyectos es alrededor de 50%. Sin embargo, el ingeniero Eduardo Domínguez Imbert, presidente de la constructota Imbert Domínguez y Asociados, sostiene que aproximadamente el 98% de los trabajadores de las obras que se construyen en el país son nacionales. “Las multinacinales traen sus superintendentes extranjeros, pero salvo los primeros tres ejecutivos de la pirámide todos son dominicanos”, asegura. El experto atribuye la situación a la ralentización del sector construcción, el esquema mecanizado de las obras del Estado y a la escacez de plazas con relación a la cantidad de profesionales. Además, señaló que muchos de los ingenieros recién egresados presentan grandes deficiencias para enfrentarse al mercado laboral, lo que dificulta aún más su incersión. No obstante, dijo que en el país existen ingenieros capaces de dirigir cualquiera de las grandes obras que se construyen en República Dominicana, a pesar de que la tasa de participación en las posiciones de dirección de grandes obras es baja. “Una empresa constructora internacional va a traer un superintendente que pertenezca a su organización, pero un ingeniero local le va a salir más barato que uno de fuera”, apuntó. El presidente del Codia resaltó que los concursos realizados para la concesión de obras del Estado imponen condiciones económicas que no están al alcance de la mayoría de los ingenieros nacionales, debido a las dificultades de financiamiento, por lo que abogó por que se opte por la modalidad de sorteo. Domínguez Imbert refuta esta declaración y afirma que el mecanismo de sorteo no es el más viable para ese tipo de conseciones porque, salvo que se haga un clasificación previa, las empresas no compiten bajo estándares de calidad equiparables. “Lo que sí hay que hacer es aplicar la Ley de Contrataciones Públicas que es muy clara”, señaló. El empresario resaltó la necesidad de que se implemente la legislación que está en proceso para abaratar los costos de financiamiento y agilizar los procesos de tramitación de los servicios. En ese sentido, el titular del Codia propone impulsar la creación de un consorcio de bancos que permita a las compañías constructoras locales obtener financiamiento para emprender grandes proyectos. Supervisión Taveras dijo que el Codia aboga por la modificación de la ley 62-00 sobre el ejercicio de la ingeniería, arquitectura agrimensura y ramas afines para crear penalidades más drásticas por incumplimiento de las normas profesionales. Resaltó que en el país es frecuente buscar a un ingeniero para hacer los cálculos estructurales y luego no continuar el contrato para la ejecución de la obra, por lo que no existe una garantía de que los trabajos se realicen dentro de los estándares requeridos. “Algunos ingenieros incluso han reportado que los cálculos que han realizado para una obra determinada han sido aplicados en otros lugares con condiciones de terreno distintas, lo que pone en riesgo la estructura”, aseguró. El dirigente dijo que la falta de recursos dificulta al Codia realizar la debida supervisión de los proyectos de construcción porque la tasa que se le concede al organismo es de un peso por cada mil, suma que considera insignificante para costear los procesos de inspección que rondan entre 3% y 5% del valor total de la obra. Taveras aseguró que muy pocas compañías cumplen con la ley 322, que les exige a las empresas extranjeras estar asociadas a una empresa local o de capital mixto para participar en concursos, sorteos o cualquier otra modalidad de adjudicación en el país. El dirigente señaló que la entidad ha estado demandando su participación activa como ente rector del cumplimiento de la Ley 340-06 Contrataciones Públicas.