Crédito educativo Apec, equidad y competitividad

A pesar de notables avances a lo largo de los últimos decenios, el acceso a la educación terciaria es todavía un privilegio en la sociedad dominicana. El reconocimiento de ese hecho, unido a la celebración del 44 aniversario de la Fundación de Crédito Educativo (Fundapec), justifica una reflexión sobre el papel del financiamiento crediticio en la doble misión de construir una sociedad más justa y una economía más competitiva. Comencemos con una mirada a unos datos reveladores: cada año, más de 100,000 estudiantes terminan la escuela secundaria, pero cerca de un tercio de ellos abandona las aulas sin entrar a la universidad. Dada la escasa difusión de la educación técnica, esas cifras significan que una gran cantidad de jóvenes se incorpora al mercado laboral sin contar con la formación indispensable para el trabajo productivo. Esos nuevos trabajadores enfrentan un escenario gris: dos de cada diez forman parte del ejército de desempleados y, entre aquellos que logran trabajo, cerca de la mitad obtiene ingresos por debajo del salario mínimo legal. ¿Cuáles razones explican el abandono de la escuela justo en el umbral de la universidad? En gran parte, la deserción refleja las limitaciones económicas de los estudiantes, en la medida en que los costos de una educación superior de calidad se encuentran por encima del poder adquisitivo de la mayoría de los hogares. Conviene recordar que completar una “licenciatura” en una entidad privada puede requerir entre US$12,000 y US$20,000. Estas consideraciones hacen perentoria la búsqueda de nuevas vías para cerrar la brecha entre la “necesidad social” de estudios universitarios y la “demanda del mercado”. Opción Una opción es el uso de recursos públicos para financiar la oferta al través de la universidad estatal. Sin embargo, tal posibilidad es limitada por presiones fiscales evidentes en el futuro previsible; en adición, la sobrepoblación de la universidad estatal hace dudar de su capacidad para ofrecer un estándar de calidad aceptable a un número aún mayor de estudiantes. Una segunda opción es el fortalecimiento del sistema de crédito educativo, a través del cual se ofrece la posibilidad de financiar estudios con recursos prestados, con el compromiso de pago en una etapa posterior del ciclo de vida. La utilidad social del crédito educativo es tan notoria que sería inoportuno destacarla, pero su uso enfrenta grandes barreras de implementación y diversos riesgos derivados de la dificultad de evaluar el potencial de pago en una inversión que, por naturaleza, es de largo plazo. Es por eso último que, en el contexto dominicano, la expansión del crédito para la educación ha sido limitada, pues sólo unas pocas entidades financieras dirigen recursos a ese instrumento y sólo unos pocos miles de estudiantes financian con el mismo la educación terciaria. LA NECESIDAD DE DISEÑAR POLÍTICAS El Plan Decenal de Educación Superior, por ejemplo, establece el fortalecimiento del crédito como una de sus líneas de acción, y un planteamiento similar aparece en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se discute actualmente en el Congreso. Esto no sólo significa destinar recursos públicos para esos fines, sino más bien diseñar políticas y normativas que incentiven la participación de entidades financieras cuya cartera de préstamos se concentra actualmente en el consumo de corto plazo, en desmedro de la inversión en capital humano que formará la base productiva de la siguiente generación.