El alza salarial pone en aprestos a las Mipymes

La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió que el incumplimiento de las autoridades gubernamentales con la aplicación de la ley 488- 08, que rige las Mipymes, provocará que el aumento salarial aprobado recientemente tenga un resultado negativo para el sector. Durante un encuentro con la prensa encabezado por su presidente Francisco Capellán, la entidad explicó que no se cumple lo establecido en los artículos 25 y 26 que ordena a las instituciones del Estado comprar a las Mipymes entre un 15 y 20% de sus bienes y servicios. Capellán aseguró que si las instituciones públicas cumplieran con la ley, sus empresas estarían en reales condiciones para cumplir con el merecido aumento salarial de los trabajadores. Expresó que el sector Mipyme constituye la fuerza más dinámica e importante para el desarrollo económico y social del país. La dirección de Codopyme señaló que el cumplimiento por parte de los funcionarios responsables permitiría el desarrollo indispensable al sector para cumplir con su función. Capellán manifestó que sin la existencia de un mercado asegurado unido a un alto costo de la energía eléctrica, la responsabilidad de los altos pagos de la Seguridad Social, los inflexibles gravámenes e impuestos, las dificultades de acceso a recursos blandos y al crédito comercial resulta imposible crear planes de incentivos sociales, que es lo único que garantiza la mejoría continua en la calidad de vida de la población. También solicitó del presidente Leonel Fernández hacer valer su confianza en el sector Mipyme e interponer su voluntad para desmontar las trabas que, según dijo, frenan el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Planteamiento En un documento entregado a los periodistas, codopyme plantea que se requiere conceder prioridad en los pagos a sus empresas, en vista de que por su limitada capacidad económica deben amortizar sus obligaciones financieras y fiscales en medio de una burocracia que termina estrangulándoles. “De esa manera nuestras empresas que suplen al Estado se van a la quiebra porque ninguna puede esperar entre 120 y 210 días para recibir los pagos correspondientes”, declaró Capellán.