Una vez más con los hoteleros

En los últimos dos meses, el sector hotelero de la zona Este del país se ha visto seriamente afectado por las tropelías cometidas por bandas dirigidas por supuestos abogados laboralistas en connivencia con alguaciles de esa jurisdicción, quienes actúan amparados en sentencias laborales, las cuales, en la mayoría de las ocasiones, son obtenidas de forma fraudulenta o a través de subterfugios legales y de notificaciones en el aire que se suceden dada las amplias brechas que ofrece la legislación laboral dominicana para que este tipo de práctica atentaría de la inversión extranjera y local tenga lugar. Los desmanes cometidos por estos seudos abogados, van desde las notificaciones en el aire para el conocimiento de las demandas, sin que los jueces realicen el mínimo esfuerzo en verificar si las mismas reúnen los requisitos necesarios de legalidad y de salvaguarda del debido proceso, todo en aras del afán súper proteccionista del trabajador del que esta revestido el Código Laboral Dominicano. Por igual sucede a la hora de la notificación de de las referidas sentencias evacuadas como fruto de la situación anterior, estas, al igual que la Instancia contentiva de la demanda, en la mayoría de los casos se notifican en el aire y se ejecutan a una velocidad vertiginosa y como ya hemos dicho, con un aparataje criminal, que solo busca provocar el escándalo y el temor en los gerentes hoteleros que en muchas ocasiones por falta de una asesoría legal a tiempo, fruto de la distancia y de la ubicación geográfica de sus hoteles, prefieren someterse al chantaje de estos personajes, para muestra, algunos botones: los hoteles Bahía Príncipe, Palladium, Occidental, NH, Moon Palace y Nouvelle Frontier, han sido los últimos afectados por esta mala práctica. El eximio plazo que establece el Código Laboral Dominicano para la ejecución de las sentencias laborales, el cual es de apenas 3 días francos (5 días calendarios), no permite que los empleadores, en los pocos casos en que las notificaciones realmente se hacen de conformidad con la ley, puedan ni preparar un adecuado recurso de apelación ni proceder a acudir a las herramientas legales necesarias para suspender las ejecuciones de las sentencias que ellos entiendan que han sido obtenidas de manera fraudulenta o en violación a su legitimo derecho de defensa. La verdad es que los abogados que dicen defender a los trabajadores las tienen todas a su favor, no tienen que ser muy duchos en la materia, ya que en la psiquis de la mayoría de los jueces laborales subsiste la idea de que hay que ayudar al “pobre trabajador” y para ello no vacilan en acudir al amplísimo papel activo del juez laboral, que en una buena parte de los casos, lejos de ser utilizado como un legitimo instrumento de equilibrio en el desbalance natural existente entre la clase trabajadora y el empresariado, es utilizado para premiar, el mal manejo, el desconocimiento y las violaciones a las formalidades previstas en la ley y de las que debe estar impregnado todo proceso judicial. Lo ideal, quizás, sería acudir a un instrumento del Derecho Público, rama esta que al fin y al cabo es la que da origen al Derecho Laboral, aunque así no lo admitan algunos jus laboralistas, y crear el juez ejecutor de las sentencias laborales tal y como existe en la materia penal. De no ponerse coto a las ilegitimas actuaciones de estos vándalos y a la cortedad de visión de las autoridades judiciales en la aplicación del Código Laboral, la inversión extranjera y en una gran medida la local se verá irremisiblemente compelida a tener que alejarse del país y de nada valdrán los denodados esfuerzos del Presidente Fernández ni de su Ministro de Turismo, Francisco Javier Garcia, en promover el país como el paraíso de la inversión extranjera en materia del turismo; ante tantos atentados que recibe consuetudinariamente este sector provenientes de diversas esferas del sector gubernamental, solo nos faltaba este y en El Este, por lo que me pregunto, será acaso esto lo que queremos?. El autor es abogado especialista en Materia Laboral.