Informalida de incentivos

La informalidad laboral no es una condición deseable en el mercado de trabajo, ni tampoco un objetivo de política económica como alternativa al desempleo. Sin embargo, es una realidad internacional, particularmente en países en vías de desarrollo. Según el Banco Mundial, alrededor de la mitad de los trabajadores latinoamericanos son informales y República Dominicana se encuentra en la media, con un 56% de empleos en este “sector”, junto con México (54%), Venezuela (54%) y Brasil (55%). El nivel de informalidad en América Latina no es sólo explicado por crecimiento económico, capacidad de creación de empleos e inversión en educación, sino también por el sistema de incentivos que enfrentan los agentes económicos en nuestros países. En economía, los incentivos constituyen el conjunto de recompensas y penalizaciones que reciben agentes económicos racionales (individuos, empresas o gobiernos) como consecuencia de sus acciones, por lo que su comportamiento dependerá, en gran medida, del carácter y vigorosidad de los mismos. Por esta razón, debilidades institucionales, regulaciones laborales excesivas y el propio sistema tributario, podrían generar incentivos para que empresas e individuos se mantengan voluntariamente fuera del mercado formal, luego de hacer un análisis costo-beneficio de los “efectos de la formalidad” sobre sus ingresos. De hecho, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, un significativo porcentaje de los trabajadores informales dominicanos generan mayores ingresos netos que sus pares en el sector formal. Esto podría explicarse, entre otros aspectos, debido a menores aportes tributarios y ausencia de cotizaciones a la seguridad social de quienes laboral en el sector informal. Estos incentivos se han magnificado desde la entrada en vigencia de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta legislación, sin dudas una de las más transcendentales reivindicaciones sociales de nuestra historia, establece una estructura de financiamiento fundamentada en las cotizaciones de quienes devengan un “salario”, por tanto, los individuos que reciben “ingresos”, como los trabajadores informales, estarían al margen del mismo. Esto implica que el 70% de la PEA estaría quedando fuera del sistema por cuestiones legales y no por un modelo económico aparentemente excluyente. Asimismo, este sistema de incentivos podría estar incidiendo sobre la decisión de las empresas de contratar más trabajadores formales, lo que contribuiría a exacerbar la informalidad. En el caso de la reforma previsional, el paso de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, teóricamente, favorece una reducción de la informalidad, ya que se establece un vínculo entre contribuciones y beneficios, sobre todo si el nuevo sistema disminuye la carga impositiva neta sobre la nómina. No obstante, en el país por haber existido hasta 2001 un sistema de reparto de escasa cobertura, la reforma previsional introdujo nuevos costos laborales de importancia para las empresas, que antes no tenían que realizar aportes para la mayoría de sus empleados, ya que sólo se requerían contribuciones al sistema de reparto para los trabajadores privados de muy bajo nivel de ingresos. Esto ha encarecido el costo de cada trabajador contratado, lo que en toda economía de mercado genera un desincentivo natural. Por esta razón, afirmar que el modelo económico es el único culpable de los niveles de informalidad existentes en el país resultaría inapropiado. Gran parte de los factores que están impidiendo el aumento del empleo formal son limitaciones legales y/o externalidades negativas de estrategias no implementadas adecuadamente.