Garantía bancaria excluye a empresas

Representantes de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) denunciaron que las entidades públicas, cuando licitan pequeñas obras, están exigiendo la garantía bancaria como mecanismo principal para el mantenimiento de la oferta, en vez de utilizar otras medidas menos perjudiciales y también contempladas en la Ley 340-06 sobre Contratación de Bienes y Obras del Estado. El mantenimiento de la oferta es una medida que obliga a los participantes de una licitación a no retirarse de ella por un tiempo. Esta tiene dos variantes y son la garantía bancaria y la póliza de seguros. Según explicaron los miembros de la Cadocon, quienes visitaron este diario el miércoles pasado durante un encuentro organizado por el economista Juan Guiliani, pedir la garantía significa que los constructores no pueden utilizar una cantidad de dinero proporcional a la obra por lo menos por varios meses, medida que juzgaron como inapropiada porque la suma puede dedicarse a otros fines más productivos. Evasión Cristian Ciccone, segundo vicepresidente de la Cadocon, dijo que para evadir la responsabilidad, las entidades estatales explican que se acogen a la figura porque los bancos se la exigen. Sin embargo, Cristian Maluff, primer vicepresidente de la Cadocon, declaró que en la ley está también la figura de la póliza bancaria, que igual ofrece garantías porque son ofrecidas por empresas aseguradoras acreditadas que inclusive pueden rechazar, sino aceptan las propuestas. “La Ley 340 fue una conquista de todos los ingenieros que la exigieron aunque después de que se aprobó tuvo minúsculas modificaciones. Si se quiere lograr una participación masiva en vez de exigir la garantía deberían utilizar la póliza de mantenimiento de la oferta”, declaró Maluff. Asimismo, Ciccone indicó que no utilizar el dinero provoca que las ganancias sean mucho más reducidas mientras más pasa el tiempo. “Digamos que te ganaste la obra. Entonces teóricamente te devuelven el dinero de la garantía bancaria y entonces te dan un avance que podría ser el 10% del total de la obra, pero par dar el adelanto, ¡también te piden una garantía bancaria!”, entonces llega un momento en que prácticamente tu no estás recibiendo nada”, indicó Maluff. Crear comité observador En otro orden, Diego de Moya, presidente de la Cadocon, instó a que se cree una comisión de concurso público que evalúe todos los proyectos que se vayan a licitar y que esté formada por un representante del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (Codia), dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y un titular de la institución estatal que propone la licitación. “En la década de los ochenta ese fue un mecanismo que dio muy buenos resultados por la transparencia, pero que funcionó por la calidad moral de las personas que participaron en los concursos”, dijo. TRANSPARENCIA ES MÁS FICCIÓN QUE REALIDAD A juicio de los empresarios aunque existen varias leyes para fomentar la transparencia en la práctica la situación está peor. Explicaron, que antes en las páginas de los diarios de circulación nacional se publicaban en detalle las informaciones de las obras que el Estado daba en concesión, sin embargo ahora no. Declararon que si la medida empieza a ejecutarse revelará en manos de quien están concentradas la mayoría de las obras que otorga el gobierno. “Cuando tu le preguntas entonces te mandan a la página de Internet donde ellos dicen que tienen la información, que generalmente no es asi, y si la tienen no están completos los datos o están de forma enredada, parece que con la intención de que uno se pierda buscando los datos”, explicó Cristian Ciccone. Los tres contructrores se mostraron preocupado por el aumento de los insumos, los que indicaron que a veces obecen a presiones de especulación.