Lado europeo de la crisis

A muchos sorprende que mientras en Estados Unidos y América Latina se habla de reactivación económica y crecimiento, Europa continúa atravesando por una profunda crisis que ha cuestionado incluso la viabilidad del euro como moneda única. Desde finales de 2007, el combate de la crisis en estas economías ha requerido de programas de estímulo fiscal superiores al 4% del PIB. Se han utilizado fondos públicos para nacionalizar bancos, subvencionar industrias, sectores económicos estratégicos y ampliar programas de asistencia social, para lo cual ha sido necesario aumentar sus niveles de endeudamiento. Ciertamente, las crisis financieras tienden a incrementar la deuda pública. Sin embargo, las cargas adicionales asumidas por Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España han generado problemas de insostenibilidad fiscal en estos países, elevando el riesgo de una suspensión de pagos a sus acreedores. Los volúmenes de deuda en Grecia (112% del PIB), Portugal (75%) y España (55%) son el foco de atención de la crisis europea. En adición a los gastos relacionados a la crisis, lo que ha complicado la situación en Europa es el alto costo del estado de bienestar dentro de la zona euro. La adopción del estado de bienestar, que surge en una época de crisis del sistema capitalista durante la Gran Depresión, planteó la necesidad de complementar al libre mercado con una mayor participación del Estado, en procura de una redistribución menos discriminatoria de la riqueza. La política social resultante implicó la creación y ampliación de sistemas de salud, educación, pensiones, asistencia social y seguros de desempleo, todos financiados con fondos públicos. Ante el avance del proceso de globalización, el auge del Consenso de Washington y las reformas pro-mercado a nivel internacional, en la mayoría de las economías europeas el Estado mantuvo un alto grado de intervención a nivel económico y social, y una vez dentro de la unión monetaria, desistieron de alentar la competencia, mantener bajos costos laborales y aumentar la productividad. Por consiguiente, los términos del estado de bienestar, condicionados por los límites del gasto público y los menores ingresos tributarios, han generado una crisis estructural más profunda. El abrupto ajuste fiscal que deberá ser implementado para balancear los presupuestos y realinear los indicadores fiscales a los patrones del Tratado de Maastricht, implicará una modificación sustancial de los estándares de vida en el viejo continente, un duro golpe para economías europeas caracterizadas por bajo crecimiento, población envejeciente y onerosas cargas tributarias. Se estima que la situación en la zona euro no restringiría las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. En cambio, un rezago en la recuperación de Europa contribuiría a cambiar la postura de la política monetaria en sus socios comerciales como consecuencia de la menor demanda externa. En República Dominicana, pese a los vínculos económicos con Europa, particularmente con España, los riesgos de que esta situación afecte la recuperación son bajos, sobre todo, si consideramos la sostenida reactivación de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.