En la República Dominicana se han creado, a través del marco constitucional y legal, varios organismos de fiscalización administrativa, los cuales no funcionan o funcionan a medias pues la política los ha postrado en la ineficacia.

Desde que se inició la fiscalización de recursos en el país tanto la Contraloría como la Cámara de Cuentas vienen haciendo auditorías a las instituciones públicas, detectando serias  irregularidades  en la administración de recursos y dejando estas evidencias a merced de la manipulación política.

Si bien de conformidad con las normas constitucionales y legales el presidente debe velar por la fiel inversión de los recursos del presupuesto, corresponde al Congreso Nacional ejercer la fiscalización de los recursos públicos en base a informes, presentados por la Cámara de Cuentas que como órgano autónomo, con personería jurídica que ejerce el control externo de los recursos públicos, puede identificar y señalar las violaciones de normas, emitir resoluciones con fuerzas ejecutorias, y requerir la aplicación de sanciones.

Esta institución está facultada para hacer que las auditorías y los sometimientos judiciales no se sigan utilizando por conveniencias políticas.

Cuando se ordena una revisión de los registros contables o se investigan las cuentas del Estado es con el fin de fortalecer y promover una gestión eficiente y transparente de administración.

Es inaudito que se hayan hecho decenas de auditorías a muchas instituciones públicas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pese a que han revelado manejos inadecuados de recursos.

Sin embargo,  después de cuatro años y en un periodo de transición, las auditorías realizadas a la Liga Municipal Dominicana, y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos han sido desempolvadas y sus antiguos incumbentes han sido sometidos por presuntas irregularidades.

También se desempolvó el desfalco contra el Seguro de los Maestros y se sometió a la justicia a los responsables directos.

La gente lejos de alegrarse por estos sometimientos judiciales se siente más decepcionada por la pobre actitud de sus instituciones judiciales.

Las nuevas autoridades deben fortalecer los organismos de fiscalización, asi como también la justicia. Y manejar las auditorias y los expedientes por corrupción sin banderías políticas sino en función del interés social.