¡Presidente, bájele el precio al ajo!

Cada día la demanda de ajo es mayor y la producción nacional ha ido quedando rezagada hasta niveles prácticamente de extinción. Apenas tres mil tareas y una producción de 20,000 quintales ha sido el resultado de la última cosecha. Como se aprecia la productividad es baja, pero también el riesgo por la alta inversión de capital, y esto contribuye a una pobre producción local. Por ello hemos tenido que importar ajo de China Continental simplemente porque la rentabilidad por el uso de economía de escala, ventajas comparativas y otros aspectos como clima, costo de mano de obra, tecnología etc., facilitan exportar con dominios de destinos de ventas a mercados como el nuestro que aun su potencial de crecimiento continuo, sin embargo, la producción ha caído considerablemente. Solo Constanza goza de un microclima inestable que ha ido convirtiéndolos en verdaderos perdedores de la globalización. En la práctica, los efectos de deslocalización agroclimática, la obsolescencia o aun las mejoras tecnológicas no han logrado superar las restrictivas condiciones de la competencia. Esta insatisfacción con el mercado y el consumo trajo como consecuencia la participación monopolista y discrecional del Ministerio de Agricultura para expedir los permisos de importación de productos de origen agropecuario, y el costo por quintal era de RD$150.00, cantidad realmente modesta con la cual el Ministerio atendía algunos programas. Sin embargo, la discrecionalidad de los ministros para otorgar las licencias en forma complaciente generó un vergonzoso mercado especulativo y corrupto entre allegados políticos, amigos y otros intereses comerciales. Todo ello obligó a la expedición del Decreto No. 569-12 por el presidente Medina para que las licencias fueran subastadas (Rectificación Técnica) en la Bolsa Agropecuaria adscrita a la Junta Agroempresarial Dominicana. Es cierto que se eliminó la corrupción por vía de la discrecionalidad, pero esa buena iniciativa presidencial ha terminado fomentando un sistema de subastas que han elevado los costos de las licencias al astronómico valor de RD$7,300 / quintal en ajo, y en cebolla RD$3,500, producto de las pujas de los comerciantes que terminan traspasando ese costo al consumidor. Y más grave aún: viola flagrantemente el Artículo No. 5 del Decreto 569-12, porque las subastas en la bolsa agropecuaria no aseguran como dice el artículo, que la carga generada por el costo de los servicios prestados mediante las subastas, se enmarca dentro del nivel de la consolidación arancelaria de la OMC “(Organización Mundial de Comercio)” La realidad es que la carga se eleva 10 veces el valor del arancel (25%); y si se asumiera el 99% de arancel fuera de cuota, también lo triplica. El costo de un quintal de ajo en China es de RD$3,028.47, pero termina en puerto dominicano en RD$10,535.07 (incluye 25% arancel aduanal; otros gastos) por el excesivo costo de la licencia que en subasta alcanza hasta RD$7,300 por quintal. Agréguese la ganancia del importador (tiene algunos costos financieros) hasta el consumidor final que termina en RD$249 la libra, un verdadero abuso al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque los precios tan elevados de las licencias le garantizan un 2% a los puntos de bolsa; un 3% del monto del Gobierno a la Junta Agropecuaria Dominicana, y el 95% para el sector oficial. ¡Negocio redondo! En una hora, donde más de 700 millones quedaron en la JAD y el Gobierno, salidos de los flacos bolsillos del consumidor.

¡Mano a la obra, Presidente!