Una postura vergonzosa
A los países latinoamericanos les sobran motivos para intervenir en la búsqueda de una solución al conflicto social y político que sacude a Venezuela. Sin embargo, la OEA ha fracasado al intentar aplicar la Carta Democrática para frenar el derrotero absolutista y violento que ha tomando el régimen de Nicolás Maduro.
El más reciente traspiés se produjo en la reunión de consulta de cancilleres previa a la Asamblea General celebrada en Cancún el pasado lunes. Se necesitaban 23 votos para aprobar una resolución condenatoria al régimen venezolano, pero sólo 20 países suscribieron el documento. La República Dominicana se abstuvo en atención a su propuesta para que se le busque una salida negociada a la crisis.
Otras doce naciones --la mayoría de ellas pertenecientes al Caribe Anglófono y agrupados en el Caricom--, propiciaron que la iniciativa no prosperara y la hicieron abortar demostrando que los Estados Unidos han perdido el control de la OEA.
Sobre nuestro país se produjo toda suerte de presiones, incluso algunas hechas públicas, como fue un artículo de opinión bajo la firma del encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patrick Dunn, donde se urgía al gobierno dominicano a ponerse “del lado de la democracia” para apoyar al pueblo venezolano. Sin embargo, ni esta ni otras presiones no conocidas fueron óbice para que la diplomacia dominicana mantuviera la “coherencia” que le ha caracterizado en este caso.
Lo malo es que esa “coherencia” no parece estar del lado correcto de la historia ni se compadece con los intereses tradicionales de la democracia dominicana. Moralmente esa posición es, por lo menos, una irresponsabilidad ante el drama que vive Venezuela, donde todos los días resulta más evidente el colapso de las libertades públicas y que en las narices de una Latinoamérica que se ufana en proclamar que vive su tiempo de mayor esplendor democrático, surge una dictadura autoritaria sin que las naciones y sus organismos multilaterales puedan frenar tal proceso de deterioro.
Particularmente para la República Dominicana constituye una ingratitud que en una coyuntura como la actual no seamos solidarios con el pueblo que acogió al patricio Juan Pablo Duarte en su exilio y muerte. Y cuna de Rómulo Betancourt, cuya participación estelar en las presiones regionales influyeron en el fin del régimen de Trujillo; así como de Carlos Andrés Pérez, de contribución determinante en la solución de la crisis electoral del 1978 que permitió el ascenso al poder de Antonio Guzmán y el advenimiento de un régimen de derechos que permitió el regreso de los exiliados y la liberación de los presos políticos.
Y aunque parezca una paradoja, hasta por el propio apoyo energético que en su momento recibimos a través del programa Petrocaribe, le debemos solidaridad a Venezuela. Porque ese petróleo que Chávez solidariamente financiaba no era de su propiedad personal, si no parte del patrimonio de ese pueblo hoy en lucha contra la dictadura. Pero aún retirando cualquier expresión de gratitud, la posición dominicana sigue siendo incomprensible porque estamos votando junto con los países que con mayor encono protagonizaron la campaña de descrédito en contra de nuestro país a raíz de la sentencia TC 168-13, para apoyar el régimen del presidente Maduro que en aquella circunstancia dijo con total desparpajo y en tono amenazante que quien se metía con Haití, se metía con Venezuela.
Al hacerlo, nos estamos yendo abiertamente en contra no sólo de las políticas estadounidenses -lo que suma otra cruz al rosario de inconformidades que tienen los norteamericanos con quienes dirigen este país desde hace algunos lustros-, sino de todas las principales economías y potenciales socios comerciales de la regiónÖ Lo que sin dudas tendrá consecuencias.
¡Y todo esto sin necesidad!
Porque contrario a lo que se pregona y cree mucha gente, la República Dominicana no tiene y nunca ha tenido dependencia energética de Venezuela. En su momento, los financiamientos producto de Petrocaribe ---de paso, ya saldados---, ayudaron a mitigar el impacto que tuvo en la cuenta corriente de la balanza de pagos el incremento de la factura petroleraÖ Y si bien es de agradecer, cabe apuntar que mediante ese acuerdo apenas se cubría una sexta parte de la demanda nacional y que Venezuela nunca cumplió a cabalidad con las partidas asignadas ya que de 40 mil barriles diarios, apenas llegaban a 25 mil para un país que en aquel entonces tenía una demanda de 140 mil barriles diarios de petróleo y sus derivados.
Por tanto, nada justifica esa posición condescendiente del gobierno dominicano con el régimen venezolanoÖ Una postura que muchos dominicanos no sólo no entendemos, sino que nos avergüenza.