Uso del suelo y desarrollo
Durante décadas, las diferencias en cómo ocupamos el territorio y de qué forma utilizamos el suelo, se han convertido en el detonante de acaloradas controversias entre grupos de intereses que solo justifican el uso en función de la posesión; Puerto de Manzanillo, los Haitises, Bahía de las Águilas, Duquesa, Loma Miranda, el futuro de Pedernales, la Carretera Cibao- Sur, La Barquita, son algunos de los casos más conocidos en los cuales se han presentado conflictos por el uso del territorio y el tipo de actividades que allí se realizan. Sin embargo, el modo en cómo se usa el territorio no puede ser justificado únicamente por la posesión o no de un emplazamiento; la titularidad debe regirse por las normas y preceptos definidos por las entidades correspondientes para orientar el tipo de actividades que podrían ser realizadas.
La situación presentada no solo evidencia las diferencias entre sectores que representan distintos intereses, sino que es una voz de alerta para que el Estado junto a todos los actores sociales, económicos, políticos y representativos de la sociedad, pueda definir las reglas del uso y ocupación del suelo, con el fin de orientar el desarrollo tomando como punto de partida las potencialidades y limitaciones de cada territorio.
Esto revertiría las consecuencias negativas del enfoque histórico del desarrollo, identificadas en el análisis realizado para la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END2030), en donde se señala: “… La ausencia de la dimensión territorial en los planes de desarrollo ha generado desequilibrios territoriales que se manifiestan en disparidades socioeconómicas y ambientales por todo el país” (Jacques Attali, 2010).
Estas normas o preceptos legales expresados a través de una política estatal de desarrollo territorial contribuirían en revertir progresivamente la tendencia histórica de concentrar la inversión pública y privada, rompiendo así el círculo vicioso de la migración continua hacia las principales ciudades, como resultado de la ausencia de oportunidades a nivel nacional; de igual manera, orientaría la realización de diversas actividades productivas por toda la geografía nacional impulsando una nueva política de empleos, y fomentaría la preservación de territorios estratégicos como garantía de la sostenibilidad ambiental y económica de la nación.
Para que esta política pública se materialice se requiere, en primer lugar, un Estado con capacidades para conducir un proceso que cautive la confianza de los distintos entes de la sociedad; en segundo lugar, una institucionalidad que gestione el territorio tomando en consideración el interés general sobre el particular, y en tercer lugar, se necesita una ciudadanía involucrada en la construcción de mejores comunidades, como base fundamental para la consolidación de un mejor país.
Los conflictos registrados por el uso del suelo, se constituyen en una alerta para transformar el modelo de ocupación que ha primado en el país durante décadas, por un modelo en donde se implementen políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio, como expresión espacial de la política económica, social, ambiental y cultural de la sociedad (Ley 496-06. Art.3). ¡Ay de la nación Dominicana! De los tomadores de decisión y de su ciudadanía si no reaccionan ante esta alerta; el desarrollo del país y de su gente debe partir de la vocación del suelo como premisa para justificar las posiciones en cuanto a la ocupación y el fomento de actividades en cualquier territorio.