Esta lucha no legará una epopeya

Las luchas sociales solo subsisten si evocan y son sustentadas por elementos relacionados con la pasión. Ninguna conquista histórica de importancia, ni ningún triunfo sociopolítico significativo, se logra solo por acciones orientadas por la racionalidad, sino que precisan de sentimientos, de vehemencia, de amor y de un frenesí que impulse el avance, aún cuando la realidad y la lógica aconsejen lo contrario.

El triunfo de revoluciones políticas, como la norteamericana, la francesa, la haitiana, la rusa y la cubana; el logro del sufragio universal; la consolidación de los derechos civiles de la población afroamericana en los Estados Unidos, son solo algunos ejemplos de conquistas sociopolíticas que, en principio, lucían improbables y muy cuesta arriba, pero que los componentes emotivos y motivacionales impulsarían con furor y excitación hasta la victoria.

Es comprensible, pues, que cada vez que en el marco de la acción política se emprenda la conformación de algún proyecto, o se decida encabezar alguna lucha con propósito reivindicativo, esta pueda apelar a la sensibilidad y a la empatía de la gente. Esto así, porque cuando se logra conectar en el plano emocional, mientras se impulsa una causa justa y deseable, el apoyo estará garantizado, y este a su vez generará un circulo virtuoso de respaldo-avance capaz de edificar movimientos sociopolíticos trascendentales o de dimensión histórica. Si lo anterior ocurriese en un escenario de múltiples adversidades, donde la improbabilidad de la conquista sea un matiz dominante, entonces se tendrían todos los elementos para protagonizar una verdadera epopeya, aquellas que siempre registran los nombres de sus protagonistas, y les prodigan gloria y reconocimiento eterno.

Es evidente que desde que en el país se conocieran las interioridades del caso Odebrecht, y como consecuencia surgiera un movimiento de reivindicación social decidido a luchar por el fin de la impunidad y la corrupción, algunos están pretendiendo articular un guión propio de una hazaña heroica, aún cuando las circunstancias no concedan tan alta dimensión a este episodio político. No es cierto, como dicen algunos, que en el país esté tomando cuerpo una dictadura, o que marchemos hacia una “venezuelización”. El gobierno del presidente Danilo Medina es legítimo de origen: ganó las elecciones con un 62% de los votos válidos emitidos. Y aunque su reelección haya sido posible fruto de una reforma constitucional hoy cuestionada ( la cual este autor criticó por considerarla espuria, anacrónica y lesiva tanto a su legado personal --- al del presidente Medina---, como al sistema político), la misma se realizó por las vías señaladas en la propia Carta Magna.

No es cierto que se esté erigiendo una dictadura, por el simple hecho de que un partido, el PLD, controle varios poderes del Estado y algunas de sus instituciones más críticas, como el Consejo Nacional de la Magistratura, porque esta hegemonía (pasajera, como todo en la vida) se deriva de resultados electorales fruto de torneos libres y democráticos. Ahora bien, esto no quiere decir que consideremos ideal el hecho de que un solo partido detente tanto poder, ni tampoco osaríamos sugerir que en la administración de dicho poder, el PLD no haya cometido errores y excesos, ni que estos hayan cesado. Pero dista mucho de la realidad el diagnóstico de algunos, de que en República Dominicana, a causa del PLD, nos abocamos a reproducir una situación como la que hoy en día se vive en Venezuela.

Los problemas de nuestro país son muchos y variopintos, aunque todos tienen un mismo hilo conductor que los hilvana, a veces, en las maneras más insospechadas: la falta de institucionalidad. Empero, la falta de institucionalidad constituye una tara histórica, arrastrada desde siempre, incluyendo el tema de la impunidad, y si por esta razón o cualquier otra, el PLD no ha perdido el poder, sino que al contrario, lo ha expandido y consolidado, se debe a que a pesar de todo continúa siendo una opción electoral de mayor credibilidad que las demás.

Entendemos que tanto los activistas sociales organizados en el “Movimiento Verde” que reclaman por el cese de la impunidad, como la oposición política que también busca aprovechar la coyuntura, enarbolan un tema que, desde luego, sería una gran conquista para el país en materia de institucionalidad. No obstante, por lo hiperbólico que resultan ciertas expresiones de algunos de sus protagonistas, nos resulta evidente que uno de sus objetivos principales es elevar esta lucha a la categoría de epopeya político-social; algo así como la Revolución de Abril de estos tiempos. Y entendemos el porqué: ya hemos sugerido que la historia no recuerda los nombres de aquellos que lideran lo ordinario y lo probable, mas ensalza e inmortaliza a quienes encabezan lo improbable y a quienes dirigen lo justo y lo digno. Las luchas por lo transformativo, por lo revolucionario, procuran la gloria para quienes triunfan, y tejen leyendas en torno a sus hazañas. El marco narrativo creado, por ejemplo, de Pueblo vs. Dictadura, o morales vs inmorales, busca levantar entre los ciudadanos la indignación y la pasión necesaria como para hacer de esta batalla una de proporciones históricas, donde un lado representa el bien, y el otro el mal, lo cual es una estrategia inteligente.

Sin embargo, si el objetivo de esta lucha fuera lo que se anuncia, combatir la impunidad y la corrupción, la oportunidad de oro está servida, aunque la misma no garantice las bondades, ni la gloria, ni el reconocimiento de las grandes gestas de la historia: una nueva Ley de Partidos, y una nueva Ley Electoral.

Una nueva Ley de Partidos y Electoral es un buen comienzo

No es coincidencia que uno de los escándalos de corrupción más significativos de estos tiempos, el caso Odebrecht, esté indisolublemente ligado a la política en cada uno de los países donde ha dejado su estela. Es menos coincidencia aún, que los países donde esta ha admitido la mayor cantidad de sobornos pagados, sean los mismos que presentan los marcos regulatorios de lo partidario y lo electoral más flexibles y maleables; y es más que comprensible el por qué la República Dominicana, en términos relativos, fue receptora de la mayor cantidad de sobornos.

En reflexiones anteriores hemos afirmado que el actual marco regulatorio del sistema político es un promotor pasivo de la corrupción, por su laxitud en materia de financiamiento, y por la ausencia de rigurosidad en la vigilancia de los partidos.

Si bien es cierto, cómo hemos dicho, que el PLD ha acumulado el poder que actualmente detenta a través de elecciones libres y democráticas democráticas, un marco regulatorio orientado hacia equiparar las condiciones de la competencia, darían mayores posibilidades a aquellos con menos recursos, pero con mejores ideas.

Lo que hace falta está muy claro: en materia partidaria, resulta necesario salvaguardar la democracia a lo interno de las organizaciones, privilegiar lo relativo a la formación ---el día a día de la política lo exige a gritos---, y en sentido general, exigir mayor rendición de cuentas y transparencia. En materia electoral, nuestras propias experiencias señalan el camino: se requiere de una regulación estricta y diáfana de todo lo relativo al financiamiento político-electoral, unas campañas de menor duración y con ciertos limites que propicien condiciones de mayor competitividad, la eliminación del voto preferencial a todos los niveles, y una estructura legal y regulatoria para la Junta Central Electoral que permita la fiscalización desde lo partidario y lo electoral, hasta la profesionalidad, robustez y fidelidad de los estudios de opinión pública que se pretendan publicar en épocas electorales.

Y es que, tal como establecimos en un análisis anterior, para quien suscribe resulta evidente que si nuestro diseño institucional permitiera y preconizara la participación política con menos dinero, mayor equidad y reglas más claras, entrarían a la política personas con más ideas que dinero, y consecuentemente, esto garantizaría menos espacio político para aquellos con dinero pero sin ideas. Si esto sucediera, lo pecuniario abandonaría progresivamente el ámbito de la política electiva, porque su incursión en la misma ya no sería rentable, desterrando así, poco a poco, dinámicas que en la amplia mayoría de los casos son propiciadoras de la corrupción.

Comprendemos y reconocemos la ilusión que genera pertenecer a una lucha reivindicativa capaz de erigirse en leyenda, o capaz de alcanzar el edén histórico, mas creemos que esa tendrá que esperar a otros capítulos de nuestra vida nacional. La corrupción no alcanza ese estadio, por ordinaria y procaz; la lucha contra la impunidad empieza por la política, he aquí, en la Ley de Partidos y la Ley Electoral, una oportunidad de “casarse con la gloria”.