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¿Por qué un pacto fiscal?

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Daris Javier CuevasSanto Domingo

Los economistas están muy conscientes que la ejecución de la política económica en un país desarrollado difiere de manera significativa con la que se elabora para países emergentes. Esta concepción se entiende en el marco de que el proceso de globalización ha producido apertura e integración a nivel mundial en los campos del comercio y las finanzas, razón que justifica que un país tiene la responsabilidad de afrontar de manera adecuada esta y aprovechar los beneficios derivados del mercado global.

En cuanto a la política económica, en particular, debe adoptar los mecanismos e instrumentos adecuados para fomentar la eficiencia y competitividad, a fin de lograr una mayor presencia en los mercados internacionales mediante el aprovechamiento de sus potencialidades.

Tal interpretación encuentra mayor compresión si se tiene claro que la conducción de la política económica se divide en Microeconómica y Macroeconómica.

En efecto, desde un enfoque microeconómico, se establece la regulación de los servicios públicos, la política de competitividad y las políticas sectoriales. Por el lado macroeconómico, se ponderan las variables agregadas como el PIB, la inflación, la renta nacional, el ahorro nacional, el gasto público, el consumo nacional, la inversión pública y privada, el comercio internacional y la balanza de pagos, el déficit fiscal, el empleo y desempleo, los tipos de interés y de cambio, reformas estructurales, crecimiento y desarrollo económico.

En tal sentido, la política macroeconómica se sustenta en dos instrumentos poderosos como son la política fiscal y la política monetaria, las cuales han de concebirse de manera armónica. En el caso de la política fiscal, esta descansa en sus dos instrumentos fundamentales que son los gastos y los ingresos, por su lado, la política monetaria la ejecuta el banco central, cuyos soportes son el el control del dinero y la tasa de interés.

Una mirada detenida en los instrumentos de la política fiscal, pone en evidencia que el gasto publico es el principal instrumento que utiliza el gobierno para implementar su política económica, lo cual involucra las compras del Estado, las transferencias y los pagos netos de intereses, por igual, los ingresos públicos son todos los recursos que el Estado capta durante cierto tiempo, compuesto por los ingresos fiscales, cuyas procedencia son los impuestos sobre la renta de las personas físicas y los beneficios de las personas jurídicas, así como los impuestos indirectos, siendo los de mayor categoría de ingresos fiscales los dos primero.

En la diferencia del comportamiento de los ingresos fiscales y el gasto publico es que encontramos el origen del déficit y superávit fiscal, esto es, si los ingresos son inferiores a los gastos, se produce un déficit fiscal, en tanto, que si los ingresos fiscales superan los gastos, se genera un superávit fiscal, pero en el caso que se excluyan los intereses netos del gasto público, estamos frente a un déficit fiscal publico primario. Pero hay que precisar que el gasto público no tiene que ser igual a los ingresos fiscales en todos los periodos, ni mucho menos un déficit fiscal es equivalente a un desfalco al erario público, sino que son situaciones inherentes al funcionamiento de la economía.

Establecidos esos criterios, la interrogante es, ¿como afecta la política fiscal a los resultados macroeconómicos? En los análisis económicos se parte de tres criterios fundamentales para responder misma, primero lo relativo a la demanda agregada, esto es, como afecta el gasto público la actividad económica, segundo la formación de capital público, es decir, cuanto y como el Estado gasta sus recursos para influir en la salud de la economía, expresado en obras de infraestructura, como las escuelas, carreteras, hospitales, etc., y esta es una de las vías mas importante mediante el cual la política fiscal afecta la macroeconomía ya que la formación de capital público son los activos físicos duraderos que posee el Estado y con ello impulsa el crecimiento económico. La tercera vía están los incentivos, en el cual la política tributaria influye en la conducta económica alterando la redistribución financiera de ciertas actividades.

Al examinar la política fiscal se observa lo complejo que la misma se torna, lo que sugiere que esta no se maneje mediante pactos ya que un elemento a considerar es que se pueden presentar periodos persistentes y elevados de déficit fiscal, entonces, si el gobierno está en la necesidad de financiar con deudas, el déficit, eso sugiere una mayor flexibilidad de la política fiscal y un pacto constituye una encerrona para el gobierno.

A la luz de la razón, un pacto fiscal solo tiene sentido si, y solo si, la arquitectura de la política fiscal implica un desmonte gradual de las exenciones del orden de un 40% durante cuatro años, que el incremento de la presión tributaria este acompañada de un cambio de una política tributaria regresiva a una progresiva, es decir, que los más ricos paguen más, reducción anual de un 3% a los incentivos al sector privado, desarticulación voluntaria de la evasión fiscal. Por el lado del gobierno, se debe asumir el compromiso de transparencia fiscal, mitigación de los riesgos de endeudamiento público y promover la sostenibilidad fiscal ya que la presencia permanente de déficits fiscales acumulará deudas que ponen en riesgos esta y mejorar la calidad del gasto público.

EL AUTOR ES ECONOMISTA

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