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¡De lo que nos libramos!

En la República Dominicana existe una prerrogativa política que no está consignada en la Constitución ni en las leyes, ni la consagra ningún acuerdo entre las partes y tampoco figura en tratado alguno, por lo menos con registro en la historia de la humanidad: “El legítimo derecho al pataleo”.

Sólo los dominicanos lo entendemos, lo respetamos y hasta le rendimos culto... Aparece en los deportes, en la política y en el más inocuo juego de mesa o en cualquier otra actividad competitiva; el que pierde lo invoca en el entendido de que le asiste el derecho de justificarse para culpar a otros de la derrota. Simplemente porque es preferible rehuir autocrítica para no admitir responsabilidad propia.

Decía Einstein que el mayor signo de demencia es hacer siempre la misma cosa esperando que los resultados sean distintos... El axioma aplica exactamente al ejercicio político dominicano que repite los mismos vicios y el liderazgo se aferra a ese “derecho al pataleo” en actitud tan demencial que en ocasiones hace pensar que todos estamos perdiendo el juicio.

Por eso luce tan alocado que un grupo de partidos --que entre todos no llegan ni siquiera al 3.0 por ciento de la votación--, hagan aspavientos como si fueran grandes, descalifiquen a los vencedores y se atribuyan la vocería del mismo pueblo que les dio la espalda hace apenas ocho días. En ejercicio de ese “derecho al pataleo” no se puede llegar a la irresponsabilidad cuando se pretende liderar una franja de la población.

Los resultados electorales del domingo 15 no dejaron dudas y confirmaron lo que revelaron todas las encuestas serías. El país refrendó las ejecutorias del presidente Danilo Medina, le otorgó mayoría y lo legitimó para un nuevo mandato.

Sin embargo, la mezquindad que impide a esos grupos reconocer la expresión del pueblo que votó masiva y cívicamente, se convierte en irresponsabilidad cuando busca exacerbar los ánimos en comunidades donde se pelean posiciones en los niveles congresual y municipal.

Porque una cosa es defender el voto ---a lo cual tiene legítimo derecho y hasta constituye un deber ante su militancia---, y algo muy diferente es desacreditar el proceso porque no le favoreció y hacerlo con un discurso agresivo y echando la culpa al árbitro.

Los problemas surgidos en el conteo son innegables, pero sus causas radican en la necedad de la misma oposición que hoy reclama agilidad y transparencia y que se opuso al conteo electrónico. Porque logró su objetivo al caotizar el proceso y provocar incertidumbre sin importarle que asomara la violencia desde que se cerraron los colegios electorales.

En la JCE sabían que la tardanza del escrutinio provocaría desacierto y confusión pero se prefirió complacer a esos grupos con un conteo manual paralelo. Aún así, desde que llegaron los primeros datos del conteo electrónico exigieron que se detuviera su transmisión, y la Junta se vio obligada a detener el uso de los escáneres para proceder a emitir boletines a partir de los resultados del conteo manual.

Por tanto, la oposición y sectores de la sociedad civil actúan con irresponsabilidad al culpar al árbitro por esas dificultades.

Peor aún es la actitud de provocación y temeridad del candidato Luis Abinader al presentarse como fiera herida en algunas juntas municipales para hacer exigencias en tono agresivo, sin pensar en las consecuencias que tendría la eventualidad de que su integridad física se vea comprometida. Ignora que sus reclamos exacerbados en torno a esas juntas municipales pudieran acarrear violencia y poner en peligro a militantes políticos de los bandos en pugna.

Abinader --bajo el alegato de que defenderá “con uñas y dientes” los espacios ganados por sus candidatos--, obvia el más elemental sentido de la prudencia y desafía a las autoridades policiales y militares que custodian las juntas municipales... Sin reparar en que en esos locales se están verificando y validando las actas con la presencia de delegados y representantes de todos los partidos y candidatos.

Por tanto, Abinader no busca nada en esos recintos que no sea poner en riesgo su propia integridad y exacerbar aún más los ánimos de por sí caldeados. La ley establece el procedimiento para impugnar una mesa o un acta, y determina la forma en que se ordena un reconteo de votos.

Un liderazgo responsable es aquel que en circunstancias como esta llama a su militancia a esperar que concluya el conteo de los votos y el cotejo de las actas... Y luego, concluido el proceso, si no existe conformidad con los resultados y se tienen evidencias de distorsiones, encabeza los recursos de revisión adjuntando las debidas pruebas que sustenten sus reclamos.

Lo más riesgoso para un país es que una oposición electoral --levantisca y volátil--, esté liderada por una especie de niño malcriado inmaduro, irresponsable e incapaz de entender que a unas elecciones se va a ganar o a perder... ¡Es esa la regla de oro de toda democracia...!

...Sólo Dios sabe de lo que nos libramos el pasado 15 de mayo.

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