¿Qué hubo detrás del 9 de Febrero?
Cuando se firmaron los acuerdos que pusieron fin a la guerra de abril, el 3 de septiembre de 1965, la firma no se produjo entre el Gobierno constitucional presidido por el presidente Francisco Caamaño y el sector militar opuesto, constituido en “Gobierno de Reconstrucción Nacional”, sino entre el gobierno de Caamaño que era el gobierno legítimo del país y la Comisión Ad-Hoc de la OEA, que luego de haber pasado por el yerro histórico de crear la mal llamada Fuerza Interamericana de Paz, organismo cuasi simbólico, compuesto por escasos soldados de países que respondían a los mandatos pentagonistas, para justificar la presencia brutal de 42 mil marines en nuestra Patria, se propuso llegar a las negociaciones políticas con el gobierno constitucionalista, para poner fin al conflicto. La OEA fue apoderada de la solución del conflicto por el propio presidente Johnson, quien se desentendió directamente del mismo, al fracasar la “fórmula Guzmán” (herida de muerte por la caída en combate del héroe, coronel Fernández Domínguez), negociada con el profesor Bosch en Puerto Rico, y optar porque fuera el organismo hemisférico, quien buscara el fin de la guerra, ante el reclamo mundial de condena por la intervención, así como la debilidad de los argumentos esgrimidos para tildar de “comunista” la revolución.
De esa manera, la desacreditada OEA, reconocía la legitimidad de los constitucionalistas. Por ello, entre otras razones, el bando representado por los capitostes militares golpistas (quienes hipócritamente firmaron individualmente su apoyo al “Acta de Reconciliación Nacional”, presionados por la administración Johnson) no se sintió responsable de implementar los acuerdos a que había arribado el gobierno constitucional y la comisión Ad-Hoc de la OEA, entre ellos la reintegración efectiva de centenares de soldados y oficiales patriotas. Pero no solamente no acataron los acuerdos, sino que contaron con la complicidad del poder extranjero representado por el Pentágono. Los cabecillas del sector de San Isidro, conspiraron permanentemente contra el Gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, que tenía como responsabilidad conducir al país a las elecciones del primero de junio de 1966.
Luego de desatar el terror difuso en las calles de las ciudades, el sector golpista, intentó liquidar al alto mando constitucionalista encabezado por el coronel Caamaño en el intento de asalto al Hotel Matum, el 19 de diciembre de 1965. Los constitucionalistas vencieron en su última batalla militar de abril de 1965, al ocasionarles casi un centenar de bajas a sus atacantes y resistir durante casi 9 horas el asedio militar. Los responsables de este ataque obedecieron órdenes de los generales Bruce Palmer y Panasco Alvin, norteamericano y brasileño, quienes acatando directrices del Pentágono, confrontaron al presidente Johnson, quien a su modo, pretendía darle una solución diferente a la crisis dominicana, decidida después del fracaso de la “fórmula Guzmán”, por el apoyo al doctor Balaguer, como garantía de sus intereses.
Desde el magnicidio del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963, no se habían reflejado con tanta nitidez, las contradicciones entre el despacho de Johnson y las órdenes dadas desde el Pentágono al Teniente General Bruce Palmer. El 9 de febrero de 1966, los estudiantes universitarios y secundarios, acudieron a la parte frontal del Palacio Nacional, a reclamar el reconocimiento de las nuevas autoridades de la UASD, el llamado “movimiento renovador” (una victoria neta de la guerra de abril) y la salida del país de las tropas interventoras, entre otras demandas. El presidente García Godoy no estaba en el Palacio Nacional, por lo cual una comisión de estudiantes, encabezadas por el líder de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Amín Abel, decidió permanecer en Palacio, hasta que el Presidente lo recibiera para plantearle sus demandas. Cuando el entonces estudiante, y hoy, brillante ingeniero civil, Romeo Llinas, designado por Amín para bajar las escalinatas del Palacio y explicarle a la masa estudiantil lo que se había decidido, se dispuso a hablar, la provocación consciente de uno de los agentes desencadenó una balacera infernal que mató a cuatro estudiantes e hirió a docenas de jóvenes, consternando al país. ¿Por qué los policías rodeaban el Palacio Nacional con ametralladoras de guerra y máscaras de gases, como si estuviesen preparados para un combate con tropas de otro ejército? Porque se había decidido hacer una masacre que contribuyera a la desaparición del endeble gobierno de García Godoy, tal como se había venido ejecutando el plan de desestabilización, con atentados terroristas y asesinatos de constitucionalistas.
El presidente García Godoy reaccionó destituyendo al jefe de la Policía, general Herman Despradel, involucrado en el plan de derrocamiento del gobierno y poniendo al mando de la institución al general Morillo López, quien a pesar de no haber participado en la guerra con los constitucionalistas, era como familia del coronel Caamaño, oficial honesto, que realizaría una buena gestión policial.
Además, a Morillo se le propuso que dirigiera un atentado contra Bosch, al éste regresar al país el 25 de septiembre de 1965, a lo cual se opuso y lo frustró. Los golpistas militares ordenaron la masacre del 9 de febrero de 1966, para llevarse de por medio al gobierno de García Godoy y a las vidas útiles y llenas de amor y patriotismo de los estudiantes muertos. A 50 años de aquel suceso horroroso, los culpables del ametrallamiento de estudiantes, no han sido procesados pero el augusto Tribunal de la Historia no los absolverá.