El debate imprescindible

La APP fue el escenario Recientemente tuvimos la oportunidad de participar junto a Miguel Franjul, director de esta casa, Rolando Guzmán, rector del INTEC, y el diputado Víctor –Ito- Bisonó, en un panel en torno a los temas del curso sobre campañas electorales, organizado por la Academia para la Profesionalización de la Política (APP).

Aprovechando el excelente escenario, llevamos a ese panel nuestra vieja propuesta y antigua demanda de los sectores sensatos del país de, mediante una ley, hacer obligatorio la celebración de debates públicos en los medios de comunicación entre los aspirantes a cargos electivos, desde las alcaldías municipales hasta la Presidencia de la República.

Las razones El escaso desarrollo político, institucional y ciudadano de nuestro electorado, provoca que no sea una de sus prioridades el conocer los planes de quienes aspiran a dirigirlo y administrar sus recursos. Por eso le es tan fácil a un candidato evadir el bulto.

Después de 60 años de padecer partidos y gobiernos, que cada cuatro años (como si amores impertinentes fueran) le parten el corazón, hemos llegado a la triste realidad en donde la mayor parte del electorado, perdida ya la fe, anda más preocupado por los beneficios que pueda recibir directa y personalmente de tal candidato, que por lo que este pueda hacer por su comunidad o país a través de sus planes, liderazgo, gerencia.

Por eso, quizás es el tiempo de volver a Sandro de América, ponchar B-7 en la vellonera del bar de la esquina y escuchar mil veces: “Cuando un hombre (o un país, p.m.) pierde sus ilusiones”. Es la filosofía del “sálvese quien pueda” la que ha llegado para quedarse.

Entonces, en lo que vamos superando nuestra larga “edad media” democrática, urge imponer mediante una ley (o en el Régimen Electoral que algún día quizá la partidocracia reinante se digne a establecer), la obligatoriedad de los debates entre candidatos.

Es cierto que “el mal no está en las sábanas”, pero la sábana arropa y protege. (“Tu piel es mi mar, tu humedad mi puerto…”)

El debate como exequátur No es posible ni justo que baste sólo el dinero y la disposición a “invertirlo” (nunca mejor utilizado el concepto) en una campaña electoral, para llegar a dirigir un municipio, representar una provincia o gobernar un país.

No es lógico que necesite usted una licencia del Estado (exequátur) para atender la salud física o mental, los derechos de ciudadanos o empresas, o incluso, para contarle el dinero a ambos (médico, psicólogo, abogados, contadores), y nada para gobernar y administrar los recursos de un municipio, provincia, nación. No es lógico, ni justo ni aceptable; y mucho menos lo es en un país bullanguero y “bailapenas”, al que hemos convertido en un inseguro “moridero de pobres”... de pan, institucionalidad y fe, y en donde el narcotráfico y el lavado por un lado, e insaciables corporaciones por el otro, van debilitando cada día la autoridad y capacidad de los gobiernos para regular la vida nacional y hacer algo tan elemental como cumplir y hacer cumplir las leyes a TODOS sus gobernados.

Una oda Entonces, mientras llega la civilización, y dejamos de ser viles votantes y nos convertimos en ciudadanos responsables; mientras algún imperio -por lo bajonos impone reglas de juego electoral para evitar una catástrofe que pueda afectarle a él en un mundo globalizado, mientras esto ocurre, ya digo, un buen paso sería (-es poco traumático, no cuesta casi nada y no jode al rico con más impuestos-) dar rango de ley a la obligación de todo candidato a debatir las ideas que defiende y propone en su Programa de Gobierno, aunque en la política dominicana un programa de gobierno sea poco más que una triste oda a lo que nunca ocurrirá. Por cierto, la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Informe Attali mandan saludos. Con su permiso.