Renegociación

Más allá de un anhelo colectivo, el anuncio de que a partir del año entrante el gobierno renegociará los contratos eléctricos existentes, constituye un acto de justicia, responsabilidad, pero sobre todo, un paso fundamental hacia la solución de la calamitosa realidad energética que vive el país.

Según lo anunciado por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, la renegociación, pautada para mediados del 2016, se hará tomando en cuenta factores que vayan en beneficio del interés nacional y corrijan una serie de distorsiones que el país ha venido pagando en apagones y dinero.

Algunos contratos que desafían toda lógica y que en un histórico maridaje de complicidades e impunidad, nos hacen pagar por la capacidad instalada (aunque estén apagadas) y no por la energía que sirven esos generadores.

Un cuadro inaceptable al que se le adiciona los amplios períodos de duración de los acuerdos, así como las restricciones de auditoría operativa que establecen los mismos.

Lo expresado por Jiménez Bichara involucra un replanteamiento a todo el esquema existente, toda vez que la renegociación se hará tomando en cuenta no solo la ecuación costo beneficio a favor del Estado, sino el tipo de combustible y la realidad individual de cada una de esas empresas, a muchas de las cuales se les paga mucho más de lo que pueden ofrecer.

Lo que se pretende es sencillamente volver a licitar la compra de energía pero bajo parámetros más justos y no tener que cargar con el fardo de una deuda vegetativa que representa más de mil millones de dólares al año y que además mantiene al país “manos arriba” cuando las interrupciones se usan como instrumento de cobro.

La medida, que afecta intereses poderosos y por tanto pronostica turbulencias y forcejeos, es valiente y forma parte del plan que ejecuta el gobierno del presidente Danilo Medina para conjurar el entresijo energético de un país que hasta el momento paga un servicio caro y deficiente.