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El Gobierno viola su legalidad

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Vinicio A. Castillo SemánSanto Domingo

La decisión del Ministerio de Interior y Policía anunciada el pasado viernes por el Coordinador Nacional del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, Samir Santos, mediante la cual se dispone de manera administrativa la ampliación del plazo sin fecha exigido a los inscritos en el Plan Nacional de Regularización para entregar la documentación requerida, es una monstruosidad jurídica que despoja de toda seriedad y rigor legal a dicho Plan y viola el Decreto 327-13 del presidente Danilo Medina.

La decisión del Ministerio de Interior, que en realidad es una decisión del Palacio Nacional, representa en los hechos una amnistía general y automática para los 288,000 haitianos ilegales que se inscribieron en el Plan Nacional de Regularización, de los cuales menos de un 5% cumplió con los requisitos exigidos en dicha norma jurídica.

Otorgar estatus legal a todos, de manera general, y darle plazos sin fecha para procurar documentación exigida por el Decreto 327-13 desborda totalmente el ámbito de competencia del Ministerio de Interior y Policía y del gobierno dominicano, quien se convierte con esta acción en un violador de su propia norma legal.

El Gobierno le ha temido decirle al país y al mundo la verdad de lo ocurrido con el Plan Nacional de Regularización que estableció mediante el Decreto 327-13 requisitos estrictos y serios para acceder a regularizarse. Como es lógico, ese Plan sólo podía funcionar correctamente con la buena fe y colaboración estrecha del gobierno haitiano y la Comunidad Internacional.

La realidad es, como lo he dicho en otros artículos, que el gobierno haitiano sólo aprovechó del Plan Nacional de Regularización lo que estratégicamente más le convenía, que es la disposición que prohibía durante 18 meses las deportaciones de ilegales de la República Dominicana, para poder invadirnos impunemente como lo hicieron de forma masiva en los últimos 20 meses.

El dato real es que de los 288,000 inscritos menos de un 5% cumplieron con los requisitos del Decreto 327-13. Pero al gobierno le interesaba vender el logro a nivel de marketing, de que pudo regularizar exitosamente a todos o, en la última versión, a 230,000, lo que no es cierto conforme al Plan Nacional de Regularización.

El efecto sociológico que tendrá esta decisión de amnistía general decretada por el gobierno a favor de todos los inscritos en el Plan Nacional de Regularización será terrible para la República Dominicana, porque servirá para multiplicar la idea en Haití de que República Dominicana carece de voluntad real de evitar la invasión haitiana y, por el contrario, más bien tiene una política de alentarla. Otro efecto lógico es que los haitianos inscritos se preguntarán en lo adelante de qué valió su esfuerzo por buscar la documentación requerida por el Decreto 327-13, si al final a todos se le dio estatus legal con o sin llenar los requisitos establecidos en dicha norma y sin ponerle fecha al nuevo plazo otorgado por el Ministerio de Interior y Policía, lo que todos interpretarán correctamente es que ya no necesitarán buscarlos porque están regularizados por el Estado dominicano.

Todo este proceso del Plan Nacional de Regularización tendrá que ser auditado en el futuro documentalmente y establecer con certeza la identidad real que consignan los carnés entregados al vapor y de manera general a los ilegales haitianos y si éstos tenían el arraigo y las condiciones exigidas por el Decreto 327-13.

El gobierno dominicano demuestra con esta acción, sumada a la de detener las repatriaciones voluntarias, no iniciar las no voluntarias y mantener la frontera abierta de par en par, que no está al servicio de la defensa de la República Dominicana y que una cosa es la retórica hacia afuera y otra muy diferente es lo que está haciendo, que no es otra cosa que complacer a la OEA, a la ONU y a la pretensión perseguida por el gobierno haitiano con su atroz campaña de descrédito internacional.

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