La apatridia de Martelly
De la sentencia TC168-13 se ha dicho que es racista y xenófoba porque convierte en apátridas a más de 200 mil personas, un juicio alegre y ligero. Porque habría que ver quién crea apátridas: ¿la República Dominicana a través de su Tribunal Constitucional o el gobierno haitiano y su camarilla política? La sentencia del Constitucional no solo obligó a los poderes públicos a enfrentar de una vez y por todas un problema ignorado por décadas, sino que también reafi rmó lo establecido en todas las constituciones dominicanas desde principios del Siglo XX: la adquisición de la nacionalidad por el Jus Solis está condicionada al estatus de los padres del nacido en territorio nacional… Por tanto, esa sentencia no podía crear apátridas.
El problema es que el estatuto de apatridia que quieren aplicar para República Dominicana es único y especial… Porque un problema de documentación en un país, en el otro pretenden convertirlo en un asunto de nacionalidad que provoca una crisis de derechos humanos.
Si los haitianos no han podido o no han querido documentar a su población, no se le puede pedir a la República Dominicana que los haga ciudadanos a la fuerza... Eso no lo acepta ningún país del mundo.
Y por ese tipo de “apatridia” es que denuncian a la República Dominicana… Un estatus en el que cabrían todos los haitianos que no cuentan con ningún tipo de registro en su propio país… Que son millones.
Haití no documenta a sus ciudadanos.
Lo admite el ex embajador Daniel Supplice en su carta al presidente Martelly: Que todos los intentos para dotar a ese país de un registro civil han fracasado.
El último gran esfuerzo lo hizo la OEA y no pudo registrar ni siquiera el 40 por ciento de su población. Eso ocurrió antes del terremoto, por lo que podemos suponer cuál debe ser el nivel del sub-registro tras la profundización del caos y el crecimiento de la población en los últimos 5 ó 6 años… De aquel lado de la isla deben vivir al menos 7 u 8 millones de gente sin ningún tipo de identidad legal, sin registro, sin nada...
Pero eso tampoco signifi ca que son apátridas… Son haitianos por quienes su gobierno no se preocupa en dotar de una identidad obligatoria para todo registro legal, violando fl agrantemente un derecho humano fundamental en todos los estatutos internacionales sobre la materia.
Cuando muchos de esos haitianos cruzan a este lado de la isla, ya sea como migrantes o sólo a parir en nuestros hospitales, siguen siendo haitianos.
Y por tanto, según su constitución, sus hijos también son haitianos. En consecuencia, no pueden ser apátridas.
La ley general de Migración establece claramente que los hijos de extranjeros que nacen en territorio nacional deben ser inscritos en un libro especial y notifi cados a los consulados de los países de origen de los padres del recién nacido, de forma que los mismos puedan ser registrados como nacionales de sus respectivos países.
Pero el gobierno haitiano en su infi nita irresponsabilidad pretende negarles el derecho a la nacionalidad a esos haitianos que nacen en República Dominicana gracias a la caridad pública… Y como no son dominicanos, esa es la “apatridia” de Martelly y su gobierno.
Desde hace un tiempo los consulados haitianos no están registrando las actas de nacimiento de extranjeros que les son notifi cadas. Negándoles la nacionalidad haitiana que les corresponde a esos niños y violando sus derechos y pretendiendo convertirlos en “apátridas” ante la comunidad internacional.
Y si ante esa perversidad cargada de mala fe la comunidad internacional prefi ere mirar para otro lado… El gobierno dominicano nada puede hacer que no sea tomar medidas drásticas para controlar esa natalidad...
Se hace imperativo condicionar la asistencia en los hospitales a parturientas haitianas y hasta impedir su entrada al país hasta que el gobierno haitiano reconozca que los hijos de haitianos ilegales que nacen en un hospital público son ciudadanos haitianos. Se estima que se producen cerca de 40 mil partos de haitianas al año… ¿Y si no los están registrando… cuántos “apátridas” está creando Martelly en los hospitales dominicanos? El Gobierno va bien en su manejo de la crisis con Haití. Está defendiendo dignamente los intereses nacionales ante la avalancha de infamias que fomentan los haitianos… Pero también deben tomarse medidas que protejan a la República Dominicana de otros problemas en un futuro muy cercano.
Un ejemplo ilustra de forma dramática esta nueva treta: Emmanuel Azema es un haitiano que se registró en el Plan Nacional de Regularización, pero como pudo inscribir a toda su familia decidió regresar a su país.
Algo que le impidieron hacer agentes fronterizos haitianos bajo el alegato de que “no era haitiano, que él era dominicano”. No valió que mostrara una partida de nacimiento dando cuenta de que había nacido en Cabo Haitiano.
Emmanuel perseveró en su intento por regresar a su país, y cruzó la frontera por debajo de la alambrada sólo para que al llegar, bajo el mismo alegato de que no era haitiano, le despojaran de su acta de nacimiento, le retuvieran su pasaporte y lo despacharan para este lado de la frontera.
¿Quién, entonces, crea apátridas? La República Dominicana y su ordenamiento constitucional... O ese gobierno de Martelly a quien no le basta negarles la documentación a los que viven allá y la nacionalidad haitiana a los que nacen aquí… Si no que llega al extremo de intentar arrebatar la nacionalidad hasta a los pocos haitianos que, a pesar de la incompetencia de su gobierno, han logrado documentarse.