Deportar no basta
(III)
4. IRRESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Mientras fungimos como autoridad migratoria, hicimos varios requerimientos al universo de los actores que integran el sistema dominicano de la seguridad social, urgiéndoles sobre la necesidad de aceptar el carné de migración como documento de identidad de los extranjeros con calidad para trabajar en el territorio nacional, especialmente los trabajadores temporeros, recibiendo por respuesta el más absoluto silencio y la información de que el tema fue mandado a dormir en una comisión que a la fecha, que yo sepa, nunca sesionó.
De manera informal, también se adujo que la aplicación informática del sistema sólo acepta la cédula de identidad y electoral como documento de identidad y que resulta imposible aceptar la cobertura del mismo a personas que no la tienen, como si modifi car un sistema para que se cumpla con la ley se tratara de un viaje turístico al sol, argumento absolutamente pueril, ofensivo a la capacidad de razonamiento mínimo de las autoridades y de la población.
Resulta pues absolutamente vergonzoso que dicho sistema eluda su responsabilidad al negar, a través de un silencio e inactividad violatoria de la ley, su obligación de cumplir el mandato de la Ley 285-04 en el sentido de admitir como documento de identidad de los extranjeros el carné de migración y reconocer a los que se encuentran autorizados mediante estatus migratorio legal a trabajar en territorio nacional, los mismos derechos sociales que se le reconocen a los dominicanos.
(Artículos 25 y 26 Ley 285-04).
La consecuencia inmediata a todo lo anterior desemboca en una distorsión del mercado laboral, en la cual resulta ostensible la discriminación del trabajador dominicano, que, al estar cedulado, obliga a la formalización de su presencia laboral y cuesta el importe de dicha formalización, contra el extranjero que la economiza, amén de que como vimos anteriormente, se le reconoce, al menos a los constructores, como gasto para fi nes de impuesto. A todo esto, al dominicano se le hace cargar con el estigma de que no quiere trabajar, cuando la realidad es que las condiciones que plantea un mercado laboral distorsionado por la presencia indiscriminada de una informalidad de mano de obra extranjera, ilegal e indocumentada, deliberadamente manipulado, deprimido y excluyente por las condiciones que le crea esa presencia, a lo que se suma la violación de las reglamentaciones laborales de tarifas para pago de ciertos renglones de trabajo, no lo hacen atractivo y muchos justo; negándosele tanto a trabajadores extranjeros legales como a dominicanos el escenario de un mercado competitivo, donde todos costemos igual y se nos pague conforme a las tarifas legales establecidas, por lo que el trabajador dominicano termina siendo discriminado en su propio país, por el componente de “dumping” laboral a que nos referimos, estimulado bajo el alegato imperdonable de que el dominicano no quiere trabajar. Resultan pues demasiado obvias las razones por las cuales los empleadores de mano de obra extranjera, de vocación informal por cultura cuando no por conveniencia, se han resistido a cooperar con el éxito del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y cualquier otra iniciativa de ordenamiento del fenómeno de migración laboral, para sostener de este modo una justifi cación problemática “social” que justifi que un mercado laboral en shock permanente por el dumping que le afecta, por supuesto, rentable para los intereses.
EL AUTOR ES ABOGADO Y EX DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN.